“A poco que se analice el caso, se advierte que no existió provecho alguno, injustificado, que hubiera sido obtenido mediante engaño o artificio, que indujera a error a la Administración Pública, para que esta efectuare una prestación voluntaria de naturaleza patrimonial, perjudicial para el Estado”.
El juez descartó la existencia “de cualquier figura de defraudación” y concluyó que “tampoco resultan aplicable al caso en estudio la figura de malversación de caudales públicos”.
La denuncia apuntaba a Timerman como canciller, y a la Fundación “ExportAr”, que –según el impulso inicial- “se encontraría controlada por personas cercanas al gobierno de esa época, para evitar el control de legalidad de la Auditoría General de la Nación (AGN)”.
El denunciante sostuvo que ExportAr “estaría manejada por Leonardo Boto, en la que Carlos Bianco resulta ser Secretario, Agustín Wydler, Tesorero y Paula Español, prosecretaria, todos ellos integrantes de la organización La Cámpora”.
También acusaba a los Secretarios de Comercio Exterior Marcelo Riva, Valeria Bucci, Cecilia Crivelli y Marcelo Corvalán, por la supuesta adjudicación irregular de “más de 30 mil dólares sólo en concepto de viáticos, a la vez que se desconocen los demás pormenores de la financiación del resto del personal que cumpliría funciones en el lugar”.
Tras recabar informes incluso de la AGN, y repasar todo el expediente administrativo sobre el pabellón argentino en la feria de la ciudad italiana, Martínez de Giorgi sostuvo que “las supuestas irregularidades aludidas no configuran conductas penalmente relevantes, ya que para que las cuestiones referidas adquieran algún grado de reproche, estas deben haber sido cometidas maliciosa o ilegalmente, elemento que no se corroboró”.
En el caso de Timerman, la causa no se extinguió por su muerte (aunque incluso en caso de procesamiento no habría podido prosperar contra él) sino que fue archivada porque no existió delito.