A raíz de esto, tan solo unos días después, Stolbizer y su apoderada Silvina Martínez solicitaron la reapertura de la causa de enriquecimiento. Como respaldo al pedido, retomaron e invocaron lo investigado en otras causas (“Los Sauces” y “Hotesur”) impulsadas por ellas ante el juez Julián Ercolini. Este magistrado, derivó el pedido de reapertura a su par Martínez de Giorgi por entender que era de su competencia.
Las denunciantes estructuraron su escrito en torno a tres argumentos. En primer lugar, en las “declaraciones públicas y en declaración indagatoria del ex juez Norberto Oyarbide da cuenta de que habría recibido presiones para dictar el sobreseimiento”.
En segundo lugar, “en la investigación periodística y judicial en relación a las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien relata en forma minuciosa un sistema de reparto de coimas que terminaba en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y el departamento de la familia Kirchner. Señalan en su solicitud que del mismo surge que por lo menos en 20 ocasiones durante el año 2008 se llevaron bolsos repletos de dólares al departamento de Uruguay y Juncal.”
En tercer lugar, en “la investigación llevada a cabo por el equipo a su cargo en las causas Hotesur y Los Sauces que da cuenta del aumento injustificable del patrimonio de los Kirchner, principalmente en el año 2008”.
Consultada por A24.com sobre la falta de definiciones sobre su pedido en Comodoro Py, la abogada Silvina Martínez señaló: “La resolución del tema está en pausa. Creemos que la demora favorece a la familia Kirchner quienes no podrán verse afectados por la extinción de dominio hasta tanto tengan condena firme en las múltiples causas en su contra”.
Casi en paralelo, la UIF, la entidad oficial liderada por Mariano Federici, también pidió ante el juez Martínez de Giorgi que se reabra la investigación. Sin embargo, el juez no hizo lugar al desarchivo de la causa y entonces la UIF insistió presentando un escrito ante la Cámara Federal.
Concretamente, desde este organismo oficial pidieron que se aplique la figura de la “cosa juzgada írrita”, mecanismo excepcional que se basa en la idea de que si en el pasado una causa judicial fue cerrada de forma fraudulenta y se prueba que no hubo una investigación seria, el acusado pierde el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Además, desde la UIF afirmaron que “los elementos que ha tenido en cuenta el ex magistrado al dictar el sobreseimiento no pueden ser admitidos en un ámbito valorativos, sino entendidos como graves indicios de una cosa juzgada írrita”.
Asimismo, para justificar su argumento señalaron que “es de público conocimiento que durante buena parte del ejercicio de su función, el ex juez Oyarbide habría mantenido fuertes vínculos con el gobierno de Néstor Kirchner y su consorte Cristina Fernández de Kirchner”.
La Cámara Federal aún no resolvió el planteo de la UIF.
El ex matrimonio presidencial fue sobreseído al menos tres veces por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito:
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En julio de 2004 el abogado Juan Carlos Iglesias denunció presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner entre 1994 y 2003 y les adjudicó una serie de inmuebles y depósitos bancarios. El fiscal Eduardo Taiano consideró que no había diferencias entre las declaraciones juradas presentadas por los K ante la AFIP y la OA así como tampoco entre lo que declaró el matrimonio y lo que figuraba en los registros de bienes inmuebles y le pidió al juez Julián Ercolini que dictara el sobreseimiento. De este modo Ercolini, quien había heredado el expediente de su par en ese entonces Juan José Galeano, los sobreseyó en marzo de 2005.
- El 15 de julio de 2009 el abogado Enrique Piragini denunció un incremento patrimonial del matrimonio Kirchner del 158% en solo 2008. Según la denuncia, el patrimonio neto saltó de 17.824.941 pesos en 2007 a 46.036.711 pesos en 2008. El juez Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento cinco meses después, el 18 de diciembre de 2009, tras recibir un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, que concluyó que no hubo delitos al justificar el incremento patrimonial.
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En febrero de 2008 el abogado Ricardo Monner Sans pidió que se investigue un incremento patrimonial de los Kirchner de 11.000.000 de pesos entre 2005 y 2007. El juez Rodolfo Canicoba Corral la archivó dos meses después. Y en 2012, cuatro años después, los sobreseyó.
- En agosto de 2018 la UIF y Stolbizer pidieron su reapertura, pero aún no se resolvió.