Un grupo de organizaciones civiles y especialistas pide que los candidatos adhieran a un "Acuerdo Social Anticorrupción"

Entre los ejes temáticos que se proponen se encuentran la reforma en materia de ética pública, un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, mejoras procesales para la persecución de la corrupción, políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejoras en los mecanismos y organismo de control, transparencia en los mercados y flujos financieros, así como la apertura de instancias de participación de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.

Las propuestas

Un nuevo sistema nacional de integridad

● La creación de organismos de aplicación de la ley efectivamente autónomos en los tres poderes del Estado, en reemplazo de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo.

● Una regulación de conflictos de intereses que garantice que el proceso de toma de decisiones en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas públicas no se encuentre motivado por intereses particulares en desmedro de las obligaciones públicas y el interés general.

● Limitaciones anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública para evitar los impactos negativos de la migración de funcionarias/os del sector público al sector privado, y viceversa, y desincentivar la formulación de políticas públicas para favorecer a determinado sector corporativo.

● La obligación de que todas/os las/os funcionarias/os de los tres poderes del Estado que tengan algún tipo de rol decisorio o intervención en el uso, distribución o administración de recursos públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales y las de sus familiares más cercanos en valores reales y de manera pública. Asimismo, debe establecerse un sistema adecuado para detectar incrementos patrimoniales desproporcionados.

● Ampliación de la cantidad de información contenida en las Declaraciones Juradas en relación a la descripción del patrimonio y a la declaración de intereses y, de antecedentes laborales y profesionales.

● Ampliar el régimen de control sobre los obsequios y viajes para los tres poderes del Estado

● Promover la independencia de las Unidades de Transparencia que funcionan dentro de los organismos del Poder Ejecutivo e impulsar la creación de este tipo de unidades en los restantes poderes del Estado.

● El fortalecimiento de la carrera administrativa y los concursos, en todos los poderes del Estado, que garanticen la idoneidad y la estabilidad, y prevengan prácticas como el nepotismo y/o cualquier otra que implique la selección de funcionarias/os públicas/os con criterios arbitrarios. Ello, como requisitos esenciales para el adecuado funcionamiento de cualquier sistema de control y sanción en la función pública.

● La implementación de la ley 26.861 de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y Ministerios Públicos Fiscales.

Investigación y sanción de la corrupción pública y privada

● Armonizar los delitos de corrupción de forma coherente y proporcional al resto del Código Penal y de acuerdo a las obligaciones internacionales de nuestro país respecto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

● Mejorar la redacción del artículo 67 sobre los límites a la prescripción de los delitos en casos de funcionarios/as públicos/as.

● Crear un mecanismo de remisión automática de los expedientes de causas de corrupción en los que se haya declarado la prescripción o superación del plazo razonable, a los organismos encargados de la sanción de magistradas/os del PJN, MPF y MPD.

● Revisar las penas accesorias a la privación de la libertad, como multas e inhabilitaciones para que se vuelvan recursos efectivos en

● Implementar de forma plena el nuevo Código Procesal Penal y el sistema penal acusatorio.

● Sancionar un Régimen de Extinción de Dominio a través de una ley que respete el trámite adecuado de sanción de leyes en el Congreso de la Nación, debatidO ampliamente con la ciudadanía, acorde a las garantías constitucionales y efectivo para el recupero de activos de la corrupción.

● Garantizar una implementación adecuada, transparente y no discrecional de los mecanismos de “delación premiada”,así como de la prisión preventiva,para evitar situaciones de opacidad o que ameriten cuestionamientos sobre los procesos.

● Reformar el programa de protección de testigos para que contemple las particularidades de los delitos de corrupción y sancionar una ley de protección de denunciantes o “whistleblowers”.

● Reforzar los controles sobre el sistema de escuchas telefónicas en el marco de investigaciones criminales, así como revisar el diseño del organismo a cargo de ejecutarlas y su ubicación institucional. Ello, para evitar cualquier uso incompatible con los fines originales de la medida y las garantías constitucionales.

● Ampliación de la concurrencia en los procesos licitatorios y fortalecimiento de la competencia.

● Publicidad de la información de todo el ciclo de contratación pública, desde la planificación al pago y la ejecución, utilizando estándares internacionales de apertura de datos, incluyendo su vinculación con la información correspondiente al ciclo presupuestario.

● Promover el entrecruzamiento de los registros y las bases de datos sobre oferentes y proveedores del Estado entre la Nación, provincias y municipios.

● Eliminación de todas las formas de asignación discrecional de contrataciones e incorporación de reglas claras y objetivas de adjudicación.

● Creación de una cláusula anticorrupción que abarque la suspensión de los contratos respecto a las personas físicas o jurídicas en los casos donde se hubiese comprobado la existencia de irregularidades en la contratación y la exclusión de las/os contratistas que sean condenados en este tipo delitos.

●Prohibición de contratar con el Estado a los/las proveedores que tengan cuentas o sociedades en paraísos fiscales.

● Extender la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales a los directivos y gerentes de empresas proveedoras y contratistas del Estado, que sean beneficiarias de los contratos de mayor valor.

● Implementación de mecanismos de participación ciudadana de carácter obligatorio en todas las etapas, particularmente en las de planificación y control.

● Realizar un seguimiento de la conformación de las Uniones Transitorias de Empresas y sus subcontratistas​.

● Regulación de los conflictos de intereses para los procesos de compras y contrataciones.

● Impulsar una ley de publicidad oficial para garantizar que cumpla con fines exclusivamente vinculados al interés general y que su distribución se realice de acuerdo a parámetros objetivos.

● Implementar un sistema de controles sobre el uso de recursos públicos en períodos electorales.

● Garantizar la plena publicidad, en tiempo real, de todos los aportes recibidos por los partidos políticos, tanto para actividades permanentes como en períodos de campaña.

● Garantizar los recursos necesarios para que los órganos de control (juzgados y cámaras electorales) cuenten con el personal y las herramientas técnicas necesarias para supervisar el financiamiento de los partidos.

● Impulsar la plena vigencia de los regímenes de sanciones para el comportamiento indebido de los partidos y sus representantes (incluidas las suspensiones para participar de elecciones ante infracciones a la ley).

Políticas de transparencia

● Promover la plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, partiendo de la creación de todos los órganos garantes y garantizando que la reglamentación en los tres poderes del Estado les garantice autarquía de recursos y autonomía funcional.

● Adecuar la producción de información y gestión documental de todos los sujetos obligados por la Ley que garantice mejor calidad de las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública.

● Promover el cumplimiento pleno de las obligaciones de transparencia activa.

● Eliminación de la excepción de entregar información pública correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

● Apertura de toda la información presupuestaria hasta el máximo nivel de desagregación, en todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la planificación, asignación, distribución y los comprobantes de pago finales en el caso de adquisición de bienes y servicios, incluyendo la apertura de información sobre partidas extra presupuestarias utilizadas por el Estado nacional en diferentes programas.

● Limitar las facultades y superpoderes del Poder Ejecutivo para reasignar el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.

● Transparentar la información pública sobre empresas y personas beneficiarias de exenciones fiscales, así como de todo régimen fiscal que genere beneficios sectoriales o a particulares.

● Aumentar la cantidad de información y la rendición de cuentas sobre los fondos presupuestarios transferidos del Estado nacional a las provincias, municipios y otros entes.

● Reducir la discrecionalidad en la aplicación del secreto fiscal y favorecer la apertura de esta información en casos en los que se investiguen delitos de corrupción.

● Fortalecer la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de dinero mediante la apertura de la información sobre mercados financieros locales y participación de ciudadanas/os argentinas/os en mercados financieros extranjeros y paraísos fiscales.

● Implementar medidas de control sobre la relación entre el sector privado y el público, incluyendo la sanción de una ley que regule la gestión de intereses (lobby) y que dé publicidad a las audiencias entre privados y funcionarias/os.

● Ampliar los alcances y obligaciones de régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en la Ley 27.401 y exigir la implementación de programas de integridad en todas las empresas que contraten o se relacionen con el sector público.

● Crear un registro con la información sobre los beneficiarios efectivos o finales de las personas jurídicas.

Fortalecimiento institucional

● Reformar los mecanismos de selección de magistradas/os en el ámbito del Consejo de la Magistratura para evitar la prolongación de los concursos y garantizar que sean efectivamente públicos y basados en la idoneidad e imparcialidad.

● Limitar la utilización de las figuras de “selección” de cargos judiciales que se aparten del procedimiento establecido en la Constitución Nacional.

● Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de fundar la selección de las/os candidatas/os a magistradas/os que son enviados al Senado.

● Reformar los mecanismos de sanción y remoción para promover un control periódico de la actividad de las/os juezas/ces pero que eviten la utilización de estas instancias como mecanismos de presión externa.

● Sancionar un Código de Ética Judicial.

● Ampliar el control sobre la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura a órganos externos como la Auditoría General de la Nación.

● Fortalecer la asignación de recursos técnicos y humanos de los juzgados encargados de llevar adelante los procesos en los que se investiguen delitos de corrupción.

● Auditar de manera periódica a los juzgados en los que tramitan causas de corrupción y publicar de manera actualizada los resultados sobre su desempeño.

● Fortalecer las agencias especializadas en delitos contra la administración pública y conexos del MPF, y asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de sus titulares: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELA), Direcciones Generales de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) y de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

● Impulsar la designación de un/a procurador/a general, de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales, de manera abierta y participativa.

● Garantizar la transparencia de los concursos de selección de fiscales y defensores/as, y los mecanismos de ascenso.

● Promover, mediante la asignación de los recursos necesarios a ambos Ministerios Públicos, la implementación del sistema penal acusatorio.

● Ejercer un control periódico del desempeño de las/os fiscales y defensoras/es.

● Eliminar la facultad del/a Procurador/a General de la Nación de establecer de forma excluyente la apertura o archivo de los procesos disciplinarios contra magistradas/os del Ministerio Público Fiscal.

● Reforma de los organismos con roles de control relacionados a la corrupción (AGN, SIGEN, AFIP, UIF, CNV, BCRA, AFIP, IGJ, entre otros) basada en la transparencia, la independencia funcional y presupuestaria, el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y la prevención, en particular para asignar facultades de control concomitante y para impulsar el cumplimiento de sus recomendaciones.

● Mejora en los mecanismos de articulación y coordinación entre estas agencias en su labor de investigación de la corrupción.

● Aumento de la participación ciudadana en la planificación de auditorías de la AGN y SIGEN, así como en el seguimiento de las recomendaciones hechas por los órganos de control a las instituciones auditadas.

● Reformar el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la transparencia en la asignación de recursos y en el ejercicio de las funciones contempladas en la Ley de Inteligencia Nacional, de modo que la ciudadanía pueda ejercer un adecuado control democrático.

● Promover el control civil y político efectivo de las tareas realizadas por los organismos de inteligencia en el marco de investigaciones judiciales vinculadas a delitos de corrupción.

● Promover la creación de la Policía Judicial o Cuerpo Federal de Investigaciones Judiciales

● Implementar el juicio por jurados en todo el país y evaluar su aplicación específica para el juzgamiento en casos de corrupción

● Incorporar al Código Procesal Penal mecanismos de monitoreo ciudadano de la investigación penal de la corrupción.

● Impulsar la designación de una autoridad a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

● Generar mecanismos de participación ciudadana para la discusión de las políticas de prevención y sanción de la corrupción en los tres poderes del Estado.

● Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas o los amicus curiae.

● Ejecutar un Plan Nacional de Capacitaciones sobre ética pública y anticorrupción en los tres poderes del Estado.

● Impulsar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito académico sobre el fenómeno de la corrupción, las relaciones entre el sector público y el privado, y los costos ocultos de estas formas de criminalidad en la sociedad y, en particular, en los grupos vulnerabilizados.

● Incluir en los programas de formación ética y ciudadana de todos los ámbitos educativos los debates y políticas públicas relativas a la corrupción.