Nuevo procesamiento contra la diputada Aída Ayala, ahora por presunto fraude contra el Estado cuando era funcionaria

“Dr. Sabadini: Espero que le sirva la información, Aída Ayala desde Nación sigue con negociaciones incompatibles y su yerno Matías Balmaceda Paiva. Gracias”, decía el anónimo, .que además “contenía documentación adjunta relacionada a contrataciones estatales irregulares entre la Municipalidad de Quitilipi y la Cooperativa Las Palmeras LTDA”.

Las supuestas maniobras ilegales ocurrieron entre fines de 2015 y 2017, cuando Ayala era secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, durante el anterior gobierno.

Ayala, proveniente de la Unión Cívica Radical y tres veces intendenta de Resistencia, fue procesada sin presión preventiva pero sufrió un embargo sobre sus bienes hasta cubrir un millón de pesos.

También fueron procesados su ex yerno, Balmaceda Paiva; el ex funcionario municipal de Resistencia Miguel Ángel Vilte y el empresario Claudio Tolosa.

En su imputación, el fiscal Sabadini consideró “acreditado que bajo dirección de la Sra. Aida Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de asuntos municipales, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Sr. Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos”.

“Los fondos que se enviaban al municipio de Quitilipi estaban direccionados a una sola persona Claudio Alejandro Tolosa, para lo cual los Sres. Balmaceda Paiva y Vilte efectuaban las operaciones, presentándose como miembros de la Fundación Construir, lo que se encuentra debidamente acreditado en las presentes actuaciones mediante copias de convenios, contratos, y órdenes de pago”.

El fallo de la jueza, de 78 páginas y al que accedió A24.com, sostuvo que “se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria".

"Principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar”, resumió.