La División Antiterrorismo detectó las publicaciones durante un ciberpatrullaje. El acusado trabajaba en Esteban Echeverría y tenía acceso directo al armamento.
Escándalo en la Bonaerense por la venta ilegal de un insólito explosivo.
Un oficial de la Policía Bonaerense fue detenido en las últimas horas, acusado de comercializar granadas lacrimógenas a través de la plataforma de compraventa Facebook Marketplace. Junto a él, cayeron otras dos personas que también habrían estado involucradas en la maniobra ilegal.
La investigación se originó en febrero, cuando la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad detectó durante tareas de ciberpatrullaje a un usuario que ofrecía este tipo de artefactos prohibidos para civiles. “Detectó un usuario que ofrecía a la venta granadas lacrimógenas en el sitio”, indicaron fuentes del caso.
De acuerdo con la normativa vigente, las granadas lacrimógenas sólo pueden ser utilizadas por personal de las fuerzas de seguridad. Su tenencia, uso o comercialización por fuera de este ámbito constituye un delito.
La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Antonio Armella.
Las pesquisas determinaron que el responsable de las publicaciones era un policía bonaerense que prestaba servicios en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el partido de Esteban Echeverría.
Según la causa, el agente utilizaba su puesto para acceder al armamento y luego venderlo de manera ilegal por internet.
Con los elementos reunidos, el juez Armella ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en El Jagüel, donde vivía el policía, y otro en una vivienda de Luis Guillón.
En el primer domicilio se incautaron seis granadas lacrimógenas, mientras que en el segundo hallaron dos armas de fuego sin documentación, seis municiones calibre .38 y un estuche con 32 proyectiles calibre 9 mm.
Como resultado de los operativos, tres personas fueron detenidas: el oficial de policía, un hombre y una mujer. Todos quedaron a disposición de la Justicia federal. La investigación continúa para determinar si existen más implicados o si se trataba de una red de comercialización ilegal más amplia.
