El funcionario judicial había pasado una lista de posibles delincuentes para realizar escuchas y entre ellos incorporó el de su expareja.
El exfiscal Fernando Rodrigo, que se desempeñaba en una de las unidades de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, fue condenado este lunes por haber espiado de manera ilegal a su ex pareja y a personas cercanas a ella entre 2016 y 2017.
Rodrigo aceptó una condena de tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y la imposición de reglas de conducta. La sentencia fue dictada por los delitos de peculado (por malversar recursos del Estado), falsedad ideológica y abuso de autoridad, agravados por su condición de funcionario público.
El esquema que utilizó para llevar adelante el espionaje fue presentado inicialmente como una causa judicial legítima: Rodrigo elaboró un listado de teléfonos supuestamente vinculados a una banda dedicada al robo de autos. Sin embargo, entre los números incorporó el de su ex pareja, familiares de ella y hasta empleadas de la Fiscalía.
Durante casi un año —entre agosto de 2016 y julio de 2017— el entonces fiscal accedió a las comunicaciones privadas de su ex pareja y otras personas, todo bajo el amparo de una investigación ficticia.
El ardid se desmoronó cuando una empleada judicial descubrió que el teléfono de una compañera aparecía en la lista de escuchas, pese a no tener vínculo alguno con la supuesta banda delictiva. A partir de esa revelación se inició una causa que terminó con la condena.
La fiscal Natalia Benvenuto, a cargo de la investigación, confirmó en el juicio que Rodrigo llegó a reunir 183 CD’s con grabaciones obtenidas ilegalmente.
Cuando el escándalo tomó estado público, Rodrigo presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el entonces gobernador Miguel Lifschitz. Fue formalmente imputado en agosto de 2019.
A pesar de los antecedentes, en junio de 2022 su nombre apareció en una terna de candidatos para ocupar la Fiscalía Federal de Río Gallegos, lo que generó una fuerte polémica en ámbitos judiciales.
Con la condena aceptada, Rodrigo queda fuera del ejercicio de la función pública y marcado por una maniobra que puso al servicio de un interés personal los recursos del sistema judicial.
