Alerta: los fraudes con criptomonedas en Argentina registraron cifras increíbles durante 2022

Además, explicó, “estas estafas se aprovechan de un mercado no regulado y se benefician de los exchanges de criptomonedas más pequeños o nuevos que no utilizan los controles ALD adecuados en el blockchain; ven a estas nuevas empresas como objetivos principales para blanquear dinero”.

Estafas de criptomonedas en la región

Por su parte, en países como Brasil, por ejemplo, las estafas con criptomonedas en 2022 alcanzaron los USD 7.3 millones, un 22% menos que en 2021 cuando se registraron 30,1 millones.

La tendencia a la baja se repite también en toda la región:

• Chile (USD 29,9 millones 2021 y USD 13,5 millones en 2022).
• Colombia (USD 192 millones en 2021 y USD 74,7 millones en 2022).
• Ecuador (USD 78,5 millones en 2021 y USD 8,6 millones en 2022).
• Paraguay (USD 5,2 millones en 2021 y USD 315.000 en 2022).
• Perú (USD 72,5 millones en 2021 y USD 15,1 millones en 2022).
• Uruguay (USD 5,1 millones en 2021 y USD 238.000 en 2022).

“Una mayor adopción de criptomonedas también implica un aumento en la delincuencia relacionada con ellas”, sostuvo Cartolin. Si bien el crecimiento del uso legítimo de este tipo de activos supera ampliamente el uso ilícito, “su crecimiento en general conduce a grandes aumentos en el valor bruto en dólares de las transacciones ilícitas usando criptoactivos; y mover miles de millones de dólares hacia una nueva clase de activos atrae a delincuentes, estafadores y actores malintencionados”, agregó.

Cómo se explica el descenso en las cifras

En 2022, los ingresos totales por ransomware cayeron a su nivel más bajo en tres años. Aunque los atacantes hayan recibido al menos USD 456.8 millones, esto representa una enorme caída del 40.3% en comparación con sus ganancias de ransomware en 2021, que ascendieron a USD 765.6 millones.

Sin embargo, la caída en los pagos no significa necesariamente que haya habido una disminución en los ataques.

En ese sentido, Kim Grauer, director de Investigación de Chainalysis, señaló que "la evidencia sugiere que la disminución de los ingresos de los atacantes se debe a la creciente falta de voluntad de las víctimas para pagar sus demandas de rescate, en lugar de una caída en el número real de ataques”.

Y añadió: “Esta reticencia puede atribuirse a varios factores, desde una mayor utilización de soluciones como copias de seguridad y recuperación que mitigan el impacto de los ataques, hasta el temor a incumplir las normativas gubernamentales que prohíben el pago de rescates a organizaciones potencialmente afiliadas a naciones y grupos sancionados”.

Existe la idea errónea de que la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas es competencia exclusiva de los grandes organismos nacionales, encargados de la aplicación de la ley o de las unidades de ciberdelincuencia de élite.

Si bien esto puede ser cierto en casos con implicaciones para la seguridad nacional o, como advirtió la ONU hace unos meses, cuando grupos del crimen organizado utilizan criptomonedas para lavar dinero -como podría ocurrir en México o Argentina- esa perspectiva pasa por alto un hecho importante: los delitos basados en criptoactivos afectan a comunidades grandes y pequeñas de todo el mundo, por lo que las agencias locales pueden tomar medidas inmediatas con las herramientas y la formación adecuadas.