Precisamente el juez Slokar opinó que “la pretensión defensista se cimenta en el temor de parcialidad del juzgador acabadamente demostrado”.
“La parte afirma la existencia de divergencias personales con el juez, cuestión que, en lugar de refutar, el magistrado prefirió responder en su informe con sospechas e inferencias acerca de los deseos del recusante, devolución que, lejos de disipar las dudas que pudieran existir acerca de la imparcialidad con la que se debe resolver un asunto, conducen a incrementarlas”, alertó.
Además, recordó que Bonadio había dictado el procesamiento de Parrilli, que luego fue revocado por la Cámara Federal.
“En suma, el imputado, que albergaba serias dudas acerca de cómo el juez de grado valoraba la prueba en las causas que lo tenían por parte, fue procesado, mientras a la sazón a criterio de la alzada no se contaba con prueba suficiente para ello”, añadió Slokar para robustecer la sospecha de falta de imparcialidad.
La jueza Ángela Ledesma coincidió con ese criterio, en cambio Guillermo Yacobucci, quien había votado el apartamiento de Slokar en la “Causa D’Alessio”, modificó su visión y se inclinó por confirmar a Bonadio.
El voto mayoritario concluyó que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía fundamental del debido proceso”.
Estando recusado, Bonadio dictó los procesamientos de Parrilli –revocado por la Cámara Federal- y de la vicepresidenta Fernández de Kirchner, que fue confirmado por la Cámara Federal.
Pero el fallo de la Casación, la máxima instancia penal, sostiene que Bonadio no debió haber intervenido en la causa, que tuvo desde el principio como imputado a Parrilli.
En consecuencia, el apartamiento deja abierta la puerta para que las defensas planteen la nulidad de todas las decisiones tomadas por Bonadio, lo que haría caer también el procesamiento contra la ex presidenta.