Cierran una causa por amenazas contra la diputada del FIT Myriam Bregman

El usuario del teléfono dijo -según su declaración- que le parecía una estupidez, que “en esa no se prendía, mientras el resto de sus compañeros se reían y le decían que era un cobarde (...) que en una hora libre/recreo uno de sus compañeros le sacó el celular y se lo llevaron entre el grupo, desconociendo qué hicieron con el mismo puesto que recién se lo devolvieron al final del día”.

Mirad dijo desconocer “qué compañero realizó la llamada puesto que no estaba presente en dicho momento”. Inicialmente el adolescente fue procesado, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y dispuso el sobreseimiento de ambos.

Se evaluó la descripción de los hechos realizada por quien recibió el llamado intimidante quien detalló que (el llamado provino) desde un ambiente con mucho ruido de fondo que nos hizo suponer la presencia de varias personas, lo que habilitaba a suponer que la comunicación podrÌa haberse realizado entre varios sujetos en el marco de una supuesta sustracción del celular, tal como diera cuenta el imputado en su indagatoria, dijeron los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

De las resoluciones no se desprende que a lo largo de la investigación se le haya pedido a Mirad que identificara a sus compañeros que le sustrajeron el celular para realizar la llamada intimidatoria.

No obstante ello, los jueces entendieron que en el escenario develado, no existiendo elementos suficientes para derribar la presunción de inocencia de los encartados y no habiendo otros medios pendientes de producción capaces de superar tal incertidumbre señalada, se impone la desvinculación definitiva de los mismos.

Bregman, a través de su abogado, Carlos Platkowski, apeló la medida, pero la Casación coincidió que del análisis realizado surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues (la diputada) limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que realizó la Cámara.

La confirmación por parte de la Casación del máximo tribunal penal del país fue firmada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.