El fiscal Franco Picardi impulsó la apertura de una investigación para determinar si la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Pablo Noceti y otros funcionarios actuaron fuera del marco legal con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras, en beneficios de estos últimos, para así resguardar distintos negocios inmobiliarios y de lucro.
Irreconocible
El fiscal Picardi imputó a Patricia Bullrich y a otros funcionarios por supuesta persecución a los mapuches
Esta causa comenzó tras una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (“APDH”) en la que acusaron a distintos funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de haber encabezado desde diciembre del año 2015, un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios.
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