Una empresa vinculada al hermano del senador Jorge Capitanich quedó en el centro de una denuncia por una deuda relacionada con una campaña agrícola desarrollada en un campo familiar ubicado en la localidad santiagueña de Los Pirpintos. La denunciante, Denisse Daniel, aseguró que la firma no completó el pago acordado por la producción de maíz y que, pese a mantener una deuda pendiente, buscó continuar explotando el establecimiento.
EXCLUSIVO A24
Una denunciante apuntó contra la familia Capitanich por deudas, amenazas y ocupación de campos
La denunciante aseguró que una empresa vinculada a Héctor Capitanich, hermano del senador nacional, dejó impago parte de un contrato de arrendamiento rural y denunció presiones tras reclamar el dinero. El caso también involucra acusaciones por el uso de tierras en Santiago del Estero.
Denuncian que una empresa de la familia Capitanich dejó impago parte de un contrato de arrendamiento rural y recibieron presiones tras reclamar el dinero. (Foto: archivo).
En declaraciones al programa WiFi de A24, la denunciante explicó que el vínculo comercial se había iniciado mediante un contrato de arrendamiento por tres años y que, durante gran parte de ese período, los pagos se realizaron con algunas demoras, pero sin mayores inconvenientes. Sin embargo, afirmó que en la última campaña quedó pendiente cerca del 30% del monto acordado por la producción de maíz. Según sostuvo, pese a esa deuda, la empresa buscó continuar explotando el establecimiento sin formalizar un nuevo contrato.
“De la última campaña faltó cerca de un 30%”, señaló Daniel. También afirmó que reclamó el pago en reiteradas oportunidades y advirtió que, de no regularizarse la situación, la relación comercial quedaría interrumpida. De acuerdo con su relato, luego de una conversación telefónica con Héctor Capitanich, hermano del legislador, recibió una respuesta que la sorprendió y derivó en un episodio que hoy forma parte de la denuncia.
El programa WiFi difundió un audio atribuido a Héctor Capitanich en el que se escucha una serie de insultos y amenazas dirigidas al padre de la denunciante. "Escuchá, Julio. Mirá, recién me habló tu hija. Me faltó respeto. Y cuidado también. Te voy a hacer re*** pel*** de mierda. ¿Qué tanto te hacé el pel***? No es así la cosa. Nosotros demoramos para cumplir, pero bueno, ya está. Si querés, metete la soja en el c***. No tengo nada, pero así no se arregla", se escucha en el mensaje difundido.
“No me esperaba ese tipo de respuesta. Me quedé helada. La verdad tuve por un momento miedo porque no pensé que podrían llegar a eso”, sostuvo Daniel al referirse al mensaje.
La mujer aseguró además que su padre prefirió mantenerse alejado de la exposición pública debido al impacto emocional que le provocó el conflicto. “Mi padre está muy mal emocionalmente. No quiere aparecer. Tiene miedo. Por eso estoy dando la cara yo por esto”, afirmó.
El trasfondo judicial del conflicto
La denuncia particular se suma a una serie de cuestionamientos que involucran a empresas vinculadas a la familia Capitanich. En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, denunció mientras se debatía el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, presuntas irregularidades en la adjudicación y utilización de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales en Chaco.
Dentro de ese expediente también aparecen acusaciones por supuestas ocupaciones de campos, conflictos con propietarios rurales en Chaco y Santiago del Estero y denuncias sobre la explotación de terrenos una vez vencidos los contratos de arrendamiento. Uno de los casos mencionados corresponde a unas 600 hectáreas ubicadas en Los Pirpintos, donde los denunciantes sostienen que continuó la siembra de soja pese a la finalización del acuerdo original.
Capitanich Agropecuaria
La situación se desarrolla además en medio de las dificultades financieras que atraviesa Capitanich Agropecuaria, firma fundada por Héctor Capitanich. La empresa acumula cheques rechazados, una importante deuda bancaria y enfrenta distintos procesos judiciales, algunos de los cuales ya derivaron en medidas de embargo sobre activos y derechos de cobro.
Mientras avanzan las presentaciones judiciales, los denunciantes solicitaron además la recusación de la Unidad Fiscal de Tierras de Santiago del Estero al considerar que existió inacción frente a los reclamos presentados.
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