La denuncia la hizo la Auditoría General de la Nación el 16 de junio de 2017. La causa n° 8203/17, cayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. El 26 de junio del mismo año el fiscal pidió la apertura de la causa y el 3 de noviembre también de 2017 solicitó la declaración indagatoria de los imputados. La causa está hoy inmersa en el laberinto de la burocracia judicial, pese a la claridad de la cuestión.
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Algunos de los documentos que prueban la malversación.
Más allá del resultado de la investigación, hay algunas cosas que merecen una discusión. Es verdad que el presupuesto educativo es escaso, es verdad que la educación hace mucho que no es una prioridad estatal, pero también es evidente que quienes deben administrar los recursos escasos no están a la altura de las circunstancias.
Los funcionarios tuvieron en su poder más de 70 millones de pesos en el año 2012 para obras de infraestructura. Eligieron malversar el dinero y jugar en la ruleta financiera.
Encima en uno de los casos es un misterio qué pasó con los intereses ¿o no lo es? . Esa pregunta la debe responder la justicia. También si el dinero se usó para financiar gastos de la gestión de Daniel Scioli. En cambio, el diseño y control burocrático es un problema colectivo.