La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió hoy su “sobreseimiento” en la causa en la que está acusada de haber encubierto al ex ministro de Energía Juan José Aranguren por presuntas “negociaciones incompatibles con la función pública” por su pasado como directivo de la multinacional petrolera Shell.
“Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado”, dijo por escrito Alonso.
Acompañada por su abogada Martha Nercellas, la titular de la OA se presentó sonriente pero esquiva con la prensa un cuarto de hora antes de las 11, el horario fijado para la indagatoria por parte del juez federal Luis Rodríguez.
Tras permanecer una media hora en el cuarto piso de Comodoro Py, Alonso se retiró sigilosamente por un ascensor lateral semioculto.
Por toda defensa presentó un escrito de 15 páginas en el que sentenció:
“Surge nítidamente que cumplí con absolutamente todos los deberes a mi cargo; que no omití ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada; y que desempeñé mi función pública con total integridad, probidad y buena fe”.
Alonso recordó que inició una investigación administrativa sobre Aranguren a poco de que éste asumiera como ministro, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia.
Casi simultáneamente el diputado del Frente para la Victoria Martín Doñate presentó una denuncia ante la OA por el pasado del entonces ministro de Energía en Shell.
Alonso describió la investigación realizada y recordó que “a través de la resolución dictada con fecha 9 de septiembre de 2016 expresamente se estableció que en el caso bajo análisis no existió un conflicto de intereses, ni una incompatibilidad de Aranguren para ejercer el cargo, ni una violación del deber de abstención o excusación que recaía a su respecto”.
“Ante la primera noticia de que podía llegar a existir una posible incompatibilidad o conflicto de intereses en cabeza de Aranguren, la OA inmediatamente adoptó todas las medidas que normativamente correspondían, formando y sustanciando (en debido tiempo y forma) el expediente pertinente, tras lo cual concluyó que el nombrado no había incurrido en una infracción a la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública”.
Alonso explicó que el trámite interno de la OA “es el que se hubiera seguido aunque no se hubiese recibido la denuncia del Diputado Doñate. (…) La falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”, abundó.
La suerte de Alonso está atada a la de Aranguren. Si el juez Rodríguez considerara que no cometió delito, entonces Alonso no pudo haber encubierto algo que no existió. En cambio si procesara a Aranguren, el destino judicial de la titular de la OA podría complicarse.
Aranguren está acusado por “negociaciones incompatibles con la función pública. Esa figura no necesita que haya un perjuicio concreto contra el Estado. Alcanza con la sola superposición dolosa entre el rol del imputado en tanto asume el rol de funcionario y al mismo tiempo está interesado en una cuestión que lo vincula.
La administración pública incluso puede resultar beneficiada desde el punto de vista económico y el delito puede haberse cometido igual.
El juez Rodríguez tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de ambos, lo que sitúa la cuenta entre el 10 y el 11 de diciembre próximos.
