Por lo tanto, es evidente que más allá de los pedidos en curso e independientemente de su resultado, en el mediano plazo habrá problemas de implementación.
El panorama puede modificarse por dos caminos. En primer lugar, mediante una ley del Congreso que termine con la discusión. En segundo lugar, a través de la coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Deberían juntarse las cabezas de esos organismos y tratar el tema como una cuestión de política judicial, más allá de los expedientes puntuales. Algo de eso dice aquel fallo, pero como una sugerencia de la Cámara Federal a los jueces de primera instancia.
En el fallo en cuestión, los camaristas le aconsejaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que avance con la causa “Odebrecht & Soterramiento Sarmiento”, teniendo en cuenta los datos que surgen del expediente de Bonadio con los cuadernos de Centeno
De hecho, le solicitan vincular ambas causas. Además, Irurzun le advirtió al juez sobre el peligro de que siga demorando la causa y le llamó la atención por no haber hecho lugar al pedido del fiscal Picardi de embargar los bienes de Ángelo Calcaterra y del resto de los imputados.
La cuestión “Odebrecht” permanece acotada al marco de los expedientes y no es abordada por el Estado en su conjunto. Los avances responden al esfuerzo de algunos funcionarios, pero no se inscriben en una política coordinada y planificada.
A partir de estas premisas, es muy complejo aventurar un resultado acorde a la potencialidad que, de acuerdo a trascendidos, tendría la información en poder del vecino país.