“Vamos a volver, a volver, vamos a volver…”, se coreó el domingo a la noche en algunas celdas del penal con mayor seguridad del país.

“Vamos a volver, a volver, vamos a volver…”, se coreó el domingo a la noche en algunas celdas del penal con mayor seguridad del país.
En la cárcel de Ezeiza, con la mayor cantidad de los denominados “presos K”, hubo algarabía hasta la madrugada del lunes cuando se supo de la abultada diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
El Complejo Penitenciario Federal I fue inaugurado en 1999 y desde el comienzo de este gobierno se destacó por alojar a ex funcionarios acusados de delitos vinculados a la corrupción del Estado.
Al igual que en el Penal de Marcos Paz, todos los detenidos por corrupción pasaron de tener secretaria, un séquito de asesores y una vida casi de lujo, a estar confinados en celdas de dos por tres con una letrina de acero inoxidable al lado de una cama de hierro.
Las celdas tienen una puerta de doble seguridad que se cierra antes de la medianoche y la abre el guardia cárcel cada mañana a las 7:30 “para repetir una rutina asfixiante”.
La diminuta ventana del cubículo permite ver algunos aguiluchos revoloteando en el patio de la cárcel en la búsqueda de restos de comida en los tachos de basura que se dejan entre pabellones.
La rutina de los reos arranca temprano e incluye la visita de sus abogados y familiares. También hay talleres educativos, y “de reparación de sillas de ruedas que provienen del PAMI. Muchos eligen hacer esto y otros se dedican a estudiar carreras universitarias”, dice Héctor un guardia cárcel del Servicio Penitenciario Federal seleccionado para cuidar este pabellón.
Las salas de recreación parecen de un jardín de infantes o de una escuela primaria: están pintadas de amarillo o naranja y tienen cartulinas con dibujos que pintan paisajes con la idea de libertad, coladas de sus paredes. También hay una celda donde funciona una peluquería que atiende otro preso.
Hasta la medianoche, todos los detenidos conviven en un patio techado común y comparten víveres al lado de una modesta mesa de plástico blanca frente a las duchas.
Todas las sillas y las mesas de plástico están atadas entre sí para evitar que se las revoleen, como cuando casi se van a las manos el empresario Fabián De Sousa y el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina (que terminó expulsado del penal “por peligroso para la convivencia”).
La discusión fue por el manejo del control remoto de la única TV que está en el pabellón. De Sousa (que hasta hace poco manejó un canal de televisión), quería el control y “Pata” de casi dos metros de alto (de allí su sobrenombre) se lo impidió.
No llegaron “a las manos”, pero tuvo que intervenir un grupo de guardia cárceles que desde lo alto, por medio de ventanales blindados y cámaras de seguridad advirtieron el episodio.
Los primeros presos K que llegaron ahí fueron Ricardo Jaime y Lázaro Báez en abril de 2016. A partir de ese momento el listado de ex funcionarios kirchneristas, empresarios, dirigentes gremiales se fue multiplicando. Hoy son 19 los detenidos en causas por corrupción mayoritariamente, con embargos millonarios.
Algunos de ellos ya enfrentan juicios orales. Los ex funcionarios presos no llevan uniforme y usan su propia ropa que no debe ser de color negro, gris o azul oscuro para no confundirse con los agentes del SPF.
Otra excepción con los presos comunes es que permiten que lleven cordones o cinturones porque están monitoreados con cámaras de seguridad las 24 horas.
El horario de actividades es el mismo que para el resto de los módulos. Comienza a las 07.30 con la apertura matutina de las celdas para constatar asistencia y la situación del interno.
Todos los detenidos por corrupción vinculados al kirchnerismo se encuentran dentro del nuevo programa institucional que comenzó con este gobierno y depende de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal conocido como el Sistema de Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad (IRIC).
La idea del IRIC es para evitar que la corrupción llegue a la cárceles en forma de sobornos.
Aún así, los guardiacárceles no pudieron evitar la efervescencia del festejo electoral. Nada esperaban con más expectativa desde que cayeron presos: la mayoría bajo de figura de la “prisión preventiva” en causas conocidas como Los Cuadernos de la Coimas, Ruta del dinero K, Mafia de la Aduana, Hotesur, Los Sauces, Memorandum de entendimiento con Irán, entre otras.
Desde que comenzaron los procesos judiciales, tanto en la etapa de instrucción como en medio de juicios orales en las causas de La ruta del dinero K y Vialidad en Santa Cruz, “cada uno de los detenidos mantuvo un pacto de silencio bajo la consigna de considerarse presos políticos”, aseguro a a24.com uno de los abogados defensores de uno de los detenidos K.
Esa estrategia la mantuvieron viva durante los meses de prisión, excepto algunos como Víctor Manzanares, el ex contador de los Kichnner que decidió arrepentirse y declarar como imputado colaborador.
Fue el mismo Manzanares quien en el libro “La Confesión del Contador” y en las entrevistas en los programas “La Cornisa” y “4 Días”, contó sobre “las visitas” que recibió para evitar que se arrepienta: “esperá hasta octubre que en diciembre quedamos todos en libertad” le repitieron una y otra vez algunos enviados del kirchnerismo.
Incluso Manzanares detalló cómo fue la precuela del denominado “Operativo Puf” que investiga el juez federal Claudio Bonadio a partir de las escuchas telefónicas desde la cárcel entre ex funcionarios detenidos y operadores K en donde se habla de “hacer puf puf a Stornelli y a Bonadio”.
La causa que surgió a partir de una denuncia de las diputadas Elisa Carrió, Mariana Zuvic y Paula Olivetto (que también es analizada en el Consejo de la Magistratura por el desempeño del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla) intenta demostrar “un armado para afectar las causas de corrupción K y la figura del fiscal Stornelli”, explicó uno de los investigadores.
En las intervenciones telefónicas desde la cárcel -ordenadas en el marco de una causa por narcotráfico- se hace alusión a la denuncia que el 28 de enero pasado radicó el empresario Marcelo Etchebest contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y que “desembocó en la citación del fiscal Stornelli y el procesamiento del periodista Daniel Santoro, entre otras consecuencias que busca embarrar las denuncias y causas contra el kirchnerismo” dicen desde fuentes judiciales.
En los tribunales de Comodoro Py, el resultado de la elección del domingo cayó “como un balde de agua fría” y todo hace pensar que cambia el escenario que demoraría el curso de los siguientes juicios como Hotesur y Los Sauces, algunas de las cuales estaba previsto que fueran a juicio durante este año.
Estas causas serían la segunda etapa de una trama de corrupción y del dinero de la obra pública que requirió las dos empresas a través de las cuales -según la justicia- los Kirchner lavaron dinero con la ayuda de sus amigos y contratistas del Estado Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros.
Lo mismo pasa con la causa Cuadernos, dividida en etapas; algunas de las cuales estaban previsto que vayan a juicio durante este año. El “urnazo” del domingo podría paralizar ese trámite, cuya velocidad fue disminuyendo en las últimas semanas.
Los que se frotan las manos son los abogados defensores de todos los procesados K que ven con buenos ojos la suerte que pueden correr con sus nuevos requerimientos, recursos y apelaciones.
Esto incluye los pedidos de nulidades en medio del juicio oral por las 51 obras de Vialidad en Santa Cruz durante los años 2003 al 2015 en donde Cristina Fernández y otra docena de procesados están siendo enjuiciados por formar parte de una asociación ilícita para defraudar al Estado.
Lo mismo ocurre en el marco de los detenidos K. Todos preparar una batería de argumentos y escritos para lograr su libertad a la espera de que los nuevos vientos de cambios políticos que impactan en la justicia les abran la puerta de sus celdas.
Las sorpresas de las urnas de este domingo no dan tregua. El resultado de las PASO abre otro escenario en el Servicio Penitenciario. Tanto en el Federal como el de la Provincia de Buenos Aires, en donde se ansiaba un triunfo del Frente de Todos, con clara vertiente kirchnerista.
Esto hace vislumbrar un nuevo escenario que va desde la posible amnistía (bajo el argumento de que se trató de una persecución política), hasta la idea de que todos tengan su juicio más adelante y en libertad.
Lázaro Báez esta preso desde hace más de tres años, por la causa denominada La Ruta del dinero K. Amado Boudou está preso por el caso Ciccone, el ex presidente tiene una condena de 5 años y 10 meses de prisión.
El ex ministro de Planificación Julio de Vido está en prisión desde el 25 de octubre de 2017 cuando fue desaforado como diputado. Está investigado en la causa Cuaderno y por malversación de fondos, y está detenido por la causa de Río Turbio.
El ex asesor del Ministerio de Planificación Roberto Baratta está detenido por la causa de Cuadernos; Jorge Chueco, contador de Lázaro Báez fue detenido en Abril de 2016, el sindicalista Juan Pablo "Pata Medina” está preso en acusado de extorsión y de ser parte de una asociación ilícita; los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi están presos por la llamada Tragedia Ferroviaria de Once.
Martín Baez, hijo de Lázaro Báez está detenido desde el 7 de febrero de 2019 en la causa La Ruta del dinero K, luego de haber movido 5 millones de dolares, pese a estar embargado.
Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, fue detenido en la misma causa. Claudio “Mono” Minnicelli fue detenido en la causa conocida como Mafia de la Aduana y de los Contenedores; Luis D’Elía detenido por la toma de la comisaría en La Boca; Carlos Kirchner por la causa de Río Turbio; Cristóbal López y Fabian De Souza por evasión fiscal agravada.
José María Núñez Carmona en la causa por la compra venta de Ciccone; José López por enriquecimiento ilícito e Ibar Pérez Corradi, por narcotráfico, entre otros.