La denuncia fue presentada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo en ese entonces de Javier Iguacel. La investigación en la etapa de instrucción la hicieron el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita con el fiscal Ignacio Mahiques, que ingresó al expediente como coadyuvante de Pollicita y fue designado especialmente por el Gobierno.
Además, a la causa se sumaron como querellantes dos organismos del gobierno de Macri: la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, y la Unidad de Información Financiera, cuyo titular es Mariano Federici.
Entre los trece imputados, además de Cristina, están el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo de Néstor Carlos Santiago Kirchner; el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti; el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; y los ex miembros de Vialidad Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez.
Según el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Pollicita y Mahiques, la maniobra investigada fue edificada sobre cuatro pilares:
Sobre el punto cuatro, los acusadores sostienen que el presunto esquema de beneficios se llevó a cabo en un total de 51 obras adjudicadas a las empresas del Grupo Báez: Austral Construcciones, Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, Gotti y Loscalzo y Del Curto Construcciones, en la provincia de Santa Cruz.
Para los acusadores, en las 51 obras se habrían detectado presuntas irregularidades. Entre ellas, el incumplimiento sistemático, reiterado y permanente en los plazos de contratación y en la entrega de las obras terminadas; la finalización de tan solo dos de las 51 obras viales adjudicadas al Grupo Báez en el tiempo previsto en el contrato; la realización de solo una obra por el monto pactado en el contrato original; las sucesivas redeterminaciones de precios; y la falta de capacidad técnica para realizar las obras adjudicadas.
Las tres obras que más aumentaron su costo final respecto de su valor de licitación están relacionadas a la Ruta Nacional Nº3. Según el expediente, las obras básicas y de pavimentación en la Avenida Circunvalación Caleta Olivia (perteneciente a esa ruta) fue la que más aumentó su costo final en comparación con el monto de licitación. La empresa Báez dijo que iba a gastar $146 millones y eventualmente cobró $711 millones, lo que significa un aumento del 387%. Dicho de otra manera, la empresa gastó casi 4 veces lo que dijo que iba a gastar en un principio.
Otras dos obras rompieron el umbral del 300% en el aumento entre el monto por el que ganó la licitación y el costo final, ambas relacionadas a la Ruta 3:
Al mirarlo en términos absolutos, la que más aumentó su costo fue la ya citada realización de autovía en la RN3 entre los kilómetros 1867 y 1908. La licitación fue ganada por $313 millones y eventualmente costó $1.309 millones, lo que significa que recibió casi mil millones de pesos por encima del monto de licitación.
En esta tabla interactiva podés buscar cada una de las 51 obras y ordenarlas según el criterio que prefieras tocando las columnas:
De acuerdo con Beraldi, todas las medidas de prueba que fueron pedidas durante la instrucción fueron rechazadas sin fundamentos y el único informe que está en la causa, aportado por los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, desmiente la acusación, descartando la existencia de deficiencias constructivas en las obras denunciadas. Asimismo, plantea que el Tribunal Oral Federal 2 sólo admitió el 20%, aproximadamente, de las medidas de prueba que propuso.
En concreto, los técnicos de la unidad de auditoría interna de Vialidad Nacional determinaron en ese informe de 2016 que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales”.
Sin embargo, según la defensa de Cristina Fernández la arbitrariedad se da, en mayor medida, si se analizan los dos ejes principales propuestos por los acusadores.
El primero, que acreditaría la responsabilidad de la ex presidenta en la supuesta concentración de la obra pública en Santa Cruz, surgiría de cinco vías legales de asignación presupuestaria. Para responderle a esta acusación, Cristina Kirchner pidió la realización de una pericia contable destinada a establecer si hubo o no una concentración en las partidas en favor de la provincia en materia de obra pública que implique un análisis comparativo con las inversiones en las 23 jurisdicciones restantes. Pero esto fue rechazado por el TOF 2, que lo transformó en un estudio a realizar por los actuales funcionarios del Poder Ejecutivo, querellante en la causa.
Además, Beraldi pidió que convocaran a prestar declaración testimonial a todos los legisladores que votaron a favor de las respectivas leyes de presupuesto, lo cual tampoco fue admitido por los jueces del TOF 2, y a los funcionarios que tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos que se sustanciaron en la esfera del Poder Ejecutivo con motivo de las reasignaciones de partida dispuestas a nivel Jefatura de Gabinete, Ministerio de Planificación y Vialidad Nacional.
El segundo eje de la acusación contra Cristina Kirchner es el presunto perjuicio al Estado mediante los presuntos sobreprecios, deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de la licitación en relación a las 51 obras que fueron materia de acusación por parte de los fiscales y la OA y la UIF.
En este punto, la defensa de la ex presidenta puso especial énfasis puesto que cuestionan que en las diferencias instancias los funcionarios judiciales negaron tanto la posibilidad de analizar si hubo deficiencias constructivas en las obras de Báez, sino que también limitaron el estudio pericial con relación a los sobreprecios y demoras en tan solo 5 de los 51 casos investigados.
A su vez, cuestionan que el TOF 2 rechazó el pedido de hacer un análisis comparativo entre los precios y los tiempos de ejecución de las obras hechas en Santa Cruz con las realizadas en otras jurisdicciones por otras empresas del mismo rubro, entre las que - según la defensa de Cristina Kirchner- hay empresarios vinculados al actual gobierno.
A la luz de estos argumentos, la defensa de la ex presidenta presentó dos recursos que fueron declarados inadmisibles por el TOF, ante lo cual hicieron dos presentaciones directas ante la Cámara de Casación, también rechazadas por una Sala que, según denuncian, no era competente. Frente a ello presentaron dos recursos extraordinarios en la Corte Suprema, pero también fueron denegados.
Por esa razón, Beraldi presentó dos recursos de queja ante la Corte para que intervenga en el caso y analice el expediente principal “para que no se sigan cometiendo mayores irregularidades”. Esos son los que hoy tienen en sus manos los cinco supremos.
