Cuáles son las investigaciones que tienen en la mira el rol de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción

Ante la consulta de A24.com, la abogada y referente del Frente Patria Grande Gabriela Carpinetti afirmó: “Lo que confirma el caso de Laura Alonso es que no pueden haber militantes del partido gobernante en la Oficina Anticorrupción, debe ser un organismo autárquico, independiente del Poder Ejecutivo. La OA tiene que tener la libertad de poder querellar contra los funcionarios de cualquier gobierno. Por eso tiene que tener un equipo de expertos especializados en políticas de transparencia y anticorrupción y mayor protagonismo ciudadano en el diseño de esas políticas”.

La semana pasada, además, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico consideró que la OA violó la Constitución al obstaculizar el trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo encargado de controlarla y la condenó a que suministre la información solicitada. Esto es el listado de manuales de procedimientos en relación a la labor realizada desde enero de 2016 a abril de 2018. Preguntados por A24.com, en el entorno de Laura Alonso señalaron que apelaron esta resolución.

Según un pedido de acceso a la información de Chequeado, la OA es querellante en 41 procesos judiciales. La mayoría son del gobierno kirchnerista y el resto del menemismo. Pero en ninguno hay funcionarios de Cambiemos involucrados.

Las causas judiciales tienen sus ritmos y sus complejidades. Pero en los pasillos de los tribunales es un secreto a voces que la gestión de Laura Alonso en la OA siempre confundió los intereses del estado con los del gobierno o, dicho más sencillo, evitó participar en cuestiones que rozaban a los funcionarios y a los intereses del PRO.

El rol de la OA

La Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por el presidente de la Alianza Fernando de la Rúa, junto con su ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, para cumplir con obligaciones asumidas en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y, de paso, con una de sus promesas de campaña.

Las funciones principales que figuran en el decreto que le dio origen son las de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que se consideren comprendidas en la citada convención y la de mejorar la transparencia del Estado.

Su ámbito de aplicación comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades, y todo otro ente público o privado con participación del Estado, o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal.

De este modo, la OA debe recibir denuncias, hacer investigaciones preliminares, denunciar ante la Justicia, ser querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, llevar el registro de las declaraciones juradasde los funcionarios, elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia pública, asesorar a los organismos del Estado sobre la implementación de políticas preventivas.

Sin embargo, lejos de sus motivos fundacionales, la OA ha funcionado desde sus inicios hasta nuestros días como un brazo del Poder Ejecutivo para cuidar amigos y perseguir opositores. Sus primeros pasos rutilantes fueron los casos de los emblemáticos menemistas Víctor Alderete y María Julia Alsogaray y una intervención específica en la interna de la Alianza, al denunciar al cuñado de Graciela Fernández Meijide, Héctor Tognetto.

La primera persona a cargo del organismo, durante el gobierno de la Alianza, fue el ex juez José Massoni, que asumió en 1999. Pero, a los tres años de haber sido designado, renunció por motivos personales. Le siguió Manuel Garrido, que permaneció en el cargo hasta 2003 y luego se trasladó al Ministerio Público Fiscal. La crisis del 2001 desactivó en los hechos a la OA.

Durante el kirchnerismo el primer elegido fue Daniel Morín, que duró solo once meses en su cargo ya que eligió irse a ocupar una vocalía en un tribunal oral.

Quien lo reemplazó fue el ex secretario de Política Judicial Abel Fleitas Ortiz de Rozas, que estuvo hasta que murió en 2008. En esos tiempos se recuerda a la OA por su intervención en el caso de Enrique Olivera, que amagaba con ganar las elecciones locales del año 2005 y fue objeto de una operación montada con un anónimo que recibió la Oficina en plena veda electoral, que lo ligaba a cuentas no declaradas en el exterior. Una información dañina e incomprobable antes de las elecciones.

El último titular de la OA durante el gobierno de Cristina Kirchner fue Julio Vitobello, que llegó en 2009 como titular del organismo. El rol de la OA en ese período se limitó a tareas administrativas. Y, por ejemplo, en la causa por la Tragedia de Once no se presentó como querellante.

Cuando asumió Mauricio Macri, la designada fue Laura Alonso, quien permanece en su cargo hasta la actualidad.