Un trabajador de las fuerzas de seguridad es vacunado contra el COVID-19 (Foto: Presidencia)
Al tiempo que en el país avanza el plan de vacunación con 25 millones de dosis distribuidas, A24.com averiguó la situación de los principales casos que tramitan en Comodoro Py. Se tratan de los sumarios iniciados por las negociaciones con los laboratorios AstraZeneca y Pfizer, y el presunto funcionamiento de un vacunatorio VIP.
En la causa que analiza si el Estado se vio perjudicado patrimonialmente por las demoras en la entrega de vacunas de AstraZeneca, el fiscal federal Guillermo Marijuan espera recibir este lunes información proveniente del Ministerio de Salud, que permitiría establecer cuáles fueron las comunicaciones entre el laboratorio y los funcionarios encargados de llegar a un acuerdo.
Con el aval de la Cámara Federal, el fiscal se presentó la semana pasada en las oficinas de AstraZeneca en Buenos Aires para seguir con las averiguaciones, pero se encontró que estaban vacías: aparentemente se habían llevado todas las computadoras para realizar trabajo remoto.
Ahora Marijuan podría presentar ante el juez federal Julián Ercolini un nuevo requerimiento para acceder a las casillas de correo o los diálogos por WhatsApp de los responsables de las negociaciones del contrato.
En esta etapa, el objetivo de la fiscalía es revisar el contenido de los mensajes que se enviaron entre el Ministerio de Salud y el laboratorio para reconstruir las tratativas y verificar si se puede atribuir alguna conducta punible en las demoras del “proceso de vacunación contra el virus Covid-19, aumentando el riesgo de propagación de la pandemia en el territorio nacional”.
El dato que origina las sospechas del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que en junio ya deberían haber enviado 13.912.000 vacunas, y hasta ahora llegó solamente la mitad de lo pactado.
Según el cronograma preliminar de entrega al que tuvo acceso A24.com, AstraZeneca se había comprometido a mandar en marzo 2.382.000; en abril y en mayo, dos cargamentos con 4.040.000 cada uno; en junio, 3.451.000 dosis; y en julio completaría con una partida de 8.518.000, concretando así el total de 22.430.000.
En su declaración testimonial, la ministra de Salud, Carla Vizzotti detalló que el gobierno argentino abonó casi el (60%) sesenta por ciento de lo acordado, es decir u$s 53.800.000 sobre un total de casi u$s 90.000.000.
Vizzotti admitió que realizó nueve gestiones para reclamar por el incumplimiento, entre mensajes y reuniones, en los que intervinieron -además de ella misma- el presidente Alberto Fernández, el exministro de Salud Ginés González García, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Por otra parte, en el expediente que se ocupa de investigar las negociaciones con Pfizer, el fiscal federal Ramiro González, solicitó al Director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, Gaspar Uriel Tizio, que le remita toda la documentación relativa a los términos en que se efectuaron las pruebas de la vacuna sobre humanos en el Hospital Militar.
Al laboratorio estadounidense también le pidió todos sus registros y anticipó que, cuando obtenga la información requerida, fijará fecha de audiencia para que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, declare como testigo.
La misma resolución recuerda que el origen de la denuncia presentada por la cartera de Salud es la entrevista televisiva en la que Bullrich aseguró que no hubo pacto con Pfizer “porque el ministro Ginés González García insistió con colocar un socio argentino como parte del proceso productivo”, y que buscaba "tener un retorno”, algo que -de acuerdo a sus dichos- Alberto Fernández no ignoraba.
Sobre este último punto, vale recordar que el Presidente inició una demanda contra la titular del PRO, luego de fracasar la audiencia conciliatoria.
En otro orden, esta semana la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) remitirá al juzgado federal número 5 un reporte con todo lo recopilado en relación con el presunto vacunatorio VIP con dosis originales de Hospital Posadas, y sobre la causa que investiga las 60 vacunas desviadas en un avión a El Calafate.
Con esta documentación la jueza María Eugenia Capuchetti estará en condiciones de evaluar si existen elementos suficientes para dictar una resolución.
