Las causas que acumula el macrismo en Tribunales apuntan principalmente a investigar si durante su gobierno existió una supuesta mesa judicial destinada a armar expedientes contra sus opositores, valiéndose del presunto espionaje ilegal.
Mauricio Macri cuando se presentó en noviembre en el juzgado de Dolores por una causa que investiga el espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan.
Las causas que acumula el macrismo en Tribunales apuntan principalmente a investigar si durante su gobierno existió una supuesta mesa judicial destinada a armar expedientes contra sus opositores, valiéndose del presunto espionaje ilegal.
A partir de esta semana se abre una agenda intensa que incluye un desfile de ex funcionarios y dirigentes que deberán declarar como imputados o como testigos en el caso que investiga la reunión en el Banco Provincia para formar la denominada “Gestapo judicial”, y, por otro lado, al grupo de espías “Super Mario Bros” que persiguió a políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios, y referentes sociales y religiosos.
Mientras tanto, Mauricio Macri viajará a Uruguay y a Estados Unidos, tras obtener el permiso del juez federal Julian Ercolini, quien está a cargo del único sumario en el que el expresidente se encuentra procesado, sospechado de ordenar espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Asimismo, en los próximos días la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py recibirá esta causa para resolver el pedido de apelación al procesamiento, que en su momento firmó el juez federal de Dolores Juan Bava.
Por el expediente que se ocupa del presunto armado de causas contra sindicalistas, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak iniciará el próximo jueves la rueda de indagatorias a empresarios, funcionarios y agentes de la AFI que participaron en la reunión del Banco Provincia en 2017.
El 3 de marzo a las 10.30 citó al representante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, Ricardo Alconada; el viernes 4 será el turno del presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto.
El lunes 7 fue convocado el vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO), Jorge Oscar del Río; el 8, el presidente de Agrineco, Fabián Cusini; el miércoles 9 será indagado el director de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción, Bernardo Zaslascky; y el 10, el vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Marcelo Jaworski.
Todos ellos representan al sector de los empresarios que, hasta ahora, describieron los hechos como ”una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región".
El 14 de marzo seguirán las indagatorias con el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien con su famosa frase le puso nombre a la causa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Los siguientes funcionarios citados son el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante, para el miércoles 16 de marzo; el 17, el exsubsecretario de Justicia de la provincia, Adrián Grassi.
El 21, el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan (aunque en este caso dependerá de que la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires disponga el desafuero); y el 23 de marzo, el intendente de La Plata, Julio Garro.
La ronda terminará con la declaración de los agentes de la AFI presentes en la reunión del BAPRO: el exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Darío Biorci, para el día 25 de marzo; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia, Juan Sebastián De Stéfano, para el día 29; y el exdirector Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, para el día 31.
Entretanto, la semana pasada declaró como testigo el exespía Leandro Araque, imputado en “Super Mario Bros”, quien reconoció haber seguido a Juan Pablo “Pata” Medina por orden de su jefe en la AFI, Dalmau Pereyra.
Según afirmó, estaba convencido que existía una orden legal, y reconoció que él mismo realizó las tareas de inteligencia que determinaron la detención del líder de la UOCRA en La Plata.
Otra causa de presunto espionaje que ocupará el calendario de actividades judiciales en marzo será precisamente “Super Mario Bros”, que era el nombre del grupo de whatsapp donde se reportaban los agentes que realizaban los supuestos seguimientos ilegales a dirigentes políticos, sociales, religiosos y sindicales, durante el gobierno de Cambiemos.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó como testigos al diputado nacional Diego Santilli para el 14 de marzo; para el 15, al ex funcionario del ministerio de Defensa, José Luis Vila; y al hermano del expresidente, Mariano Macri, para el 21.
También convocó a declarar a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, para el 22; y al juez de La Plata Luis Carzoglio -quien denunció presiones para que firme la detención de Pablo Moyano- para el 28 de marzo.
Santilli, Caamaño y Carzoglio podrán elegir responder de manera escrita, para lo que el juzgado les enviará un pliego de preguntas.
El magistrado anticipó que quiere saber si Santilli o el juez Carzoglio mantuvieron o no reuniones con los imputados en alguna circunstancia.
En cambio Caamaño deberá ampliar en relación a un reportaje que le dió al periodista Néstor Espósito en el periódico Tiempo Argentino, donde afirmó que los jefes de todas las bases de la AFI le explicaron “que tenían órdenes de investigar manifestaciones sociales, piqueteros, antiminería, mapuches, iglesias, pañuelos verdes”.
A su vez, Martinez de Giorgi espera con carácter urgente que la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) informe sobre la existencia de "un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente" entre ese organismo y la AFI "a través de un enlace dedicado o mecanismo similar".
Este dato surge de un aporte que realizó la interventora Caamaño con 105.000 archivos de audio de escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI.
Entre otras cuestiones el juez quiere detalles acerca de cuáles eran las medidas de seguridad adoptadas para la entrega de los discos a la AFI, y en particular, si se enviaban en sobres cerrados o lacrados.
“Super Mario Bros” es el caso en que la sala I de la Cámara Federal ( la misma que debe revisar el procesamiento de Macri) consideró que no hubo una "asociación ilícita" porque los espías actuaron por cuenta propia.
Como damnificada de los supuestos espionajes ilegales, la vicepresidenta Cristina Fernández impugnó esta resolución, pero fue rechazada, por lo que ahora recurrió en queja ante la Cámara Federal de Casación.
