El documento argumentó que “la sanción a los policías cesanteados no ocurrió con los supuestos hechos de ‘sublevación’, ya que se concretó una vez que fue presentada la candidatura del oficial retirado Bondarenko”. Y agregó: “La única razón por la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso inmediatamente la sanción de los 24 oficiales que cesantearon, responde a razones puramente ideológicas y con el fin ulterior de ‘disciplinar’ al conjunto de uniformados de la Provincia”.
En el apartado sobre espionaje ilegal, la denuncia afirmó que “han divulgado supuestos chats privados a los que no han tenido de ninguna manera acceso en forma legítima, ya que ninguna de las personas ‘investigadas’ ha dado acceso a su teléfono celular ni ha consentido, de ningún modo, que accedieran a la base de datos privada constituida por la aplicación de comunicación móviles Whatsapp”.
En ese sentido, observó que “el acceso a las conversaciones de los oficiales cesanteados y al oficial retirado Maximiliano Bondarenko evidencia la posibilidad verosímil de la comisión del delito de espionaje Ilegal” y que “el acceso a sitios de aplicaciones móviles privadas, no es ‘ciberpatrullaje’, sino que es Espionaje Ilegal, porque viola la privacidad y la intimidad de las personas”.
El Ministerio de Seguridad consideró que “el avasallamiento de la intimidad y de la esfera de la privacidad de las personas, avasallando su dignidad y su trabajo bajo una persecución ideológica, da luz a la posible comisión del delito de abuso de autoridad por persecución ideológica”.