Los peritos de la Corte definieron el monto del embargo en la causa Vialidad ¿Por qué Casación ratificó las condiciones de detención?
Cristina Fernández de Kirchner cumplirá el 17 de julio el primer mes de detención domiciliaria en cumplimiento de los 6 años de condena por la causa Vialidad. Más allá de los intentos de su defensa por flexibilizar las condiciones de visita y quitarle la tobillera electrónica, por ahora la Justicia dejó todo tal cual lo dispuso el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Jorge Gorini.
Tampoco prosperó el reclamo de los fiscales de juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, que pedían que la exmandataria fuera trasladada a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Quedó sin efecto cuando el fiscal de Casación, Mario Villar, desistió del planteo porque entendió que había cesado el motivo para que se revoque la prisión domiciliaria.
En el sexto piso de los Tribunales de Comodoro Py recibieron con satisfacción la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó la detención otorgada a Cristina Kirchner en la vivienda de San José 1111, 2do D, en CABA, y a la vez, rechazó el planteo de la defensa de flexibilizar las visitas y quitarle el dispositivo electrónico de monitoreo remoto.
El TOF 2 impuso desde el primer día las reglas de conducta para que permanezca detenida en su casa, se abstenga de adoptar comportamientos que pudieran perturbar la tranquilidad del vecindario, y se acoten los ingresos a su departamento a una nómina de personas autorizadas que integran su grupo familiar, su custodia policial, sus médicos y abogados.
También ordenó la colocación de una tobillera a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, y encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que eleve cada 3 meses una evaluación del acatamiento a las restricciones.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal presidida por el juez Mariano Borinsky, acompañado por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, escuchó en audiencia oral y pública los argumentos a favor y en contra de sostener la detención domiciliaria para el cumplimiento de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Los fiscales Luciani y Mola habían reclamado que la trasladen a una cárcel común, pero ese riesgo se terminó cuando el fiscal ante Casación, Mario Villar, desistió del planteo. No obstante, solicitó que se revea el lugar para que cumpla la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones.
Otro de los factores que favoreció a la expresidenta fue que Villar no definió posición acerca del uso de la tobillera. Si bien el tribunal resolvió que continúe usándola, el fiscal no se opuso a retirarla, sino que consideró que el juez estaba obligado a ordenar su colocación porque la ley de ejecución penal así lo establece.
Villar remarcó que “solo puede ser dispensada mediante resolución fundada y previo informe favorable de un equipo interdisciplinario. Dado que ese informe no se había producido en este caso, afirmó que no correspondía eximir anticipadamente a la condenada de su aplicación”.
La decisión de mantener la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner sin obligarla a mudarse a otro domicilio fue tomada por unanimidad por los jueces de Casación.
Pero a la hora de votar la revisión del régimen de ingresos al departamento y el uso de la tobillera, el juez Borinsky votó en disidencia. Interpretó que no hay ley que limite las visitas, y en cuanto al dispositivo electrónico, lo consideró innecesario y superfluo a los fines de controlar la ejecución de la pena.
Sin embargo, los doctores Hornos y Barroetaveña resolvieron que Cristina Fernández cumpla con su pena con tobillera electrónica y que no pueda recibir a personas que no sean de su círculo íntimo, sin previa autorización del tribunal de ejecución.
Entendieron que “lo contrario implicaría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad y comprometería la legitimidad del sistema de justicia penal, especialmente en un contexto en el que el Estado debe hacer prevalecer el Derecho frente a delitos graves como los vinculados a la corrupción y, en este caso en particular, donde intervinieron las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
En su voto, el juez Gustavo Hornos precisó que “una vez dictada y confirmada la sentencia condenatoria, resulta indispensable reafirmar que su adecuada ejecución constituye el instrumento más poderoso con que cuenta el Estado para garantizar la inquebrantabilidad del orden jurídico, y demostrar que el sistema legal no se detiene en la declaración de reproche, sino que actúa eficazmente para concretar sus fines”.
Un informe de los peritos contables de la Corte Suprema determinó que Cristina Kirchner y el resto de los condenados en Vialidad deberán devolverle al Estado Nacional $684.990.350.139,86.
Según pudo averiguar A24.com, los peritos de parte calcularon mucho menos, por lo que los defensores tienen 10 días para presentar su apelación o pagar. Mientras tanto, los bienes de todos los involucrados continúan embargados.
Se trata de dinero en efectivo, 213 propiedades, 6 sociedades, estancias, chacras, departamentos y 14 vehículos. El monto del decomiso surge de un pedido del fiscal Luciani para el recupero de activos provenientes de la corrupción.
Recordemos que la expresidenta declaró un patrimonio de 250 millones de pesos, y según explicó no posee otros bienes pues realizó un anticipo de herencia en favor de sus hijos Máximo y Florencia.
Entre las propiedades de Cristina Kirchner figuran los departamentos de Juncal 1409 y Juncal 2164, otros 23 inmuebles en Santa Cruz sobre los que pesa una cláusula de inembargabilidad, vehículos, y participación accionaria en las sociedades Los Sauces, Hotesur, y Coma.
