La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones que se hará efectivo a partir de agosto de 2025.
Milei confirmó el aumento: cuánto cobrará la jubilación mínima de ANSES en agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento en las jubilaciones y pensiones que se hará efectivo a partir de agosto de 2025. Esta medida forma parte del esquema de movilidad mensual establecido por el decreto 274/2024, que vincula directamente los incrementos previsionales con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según se explicó desde el organismo previsional, el ajuste de agosto responde a la inflación registrada en junio, que fue del 1,6%. Este porcentaje será el que se aplique tanto al haber mínimo como al máximo, afectando también a otras prestaciones sociales vinculadas al régimen general.
Este sistema de actualización mensual fue impulsado por el Gobierno nacional como una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a un contexto económico todavía marcado por la inestabilidad. La mecánica busca reflejar, con dos meses de desfase, el impacto de la inflación en los haberes.
Así, luego de que el INDEC confirmara que el IPC de junio fue de 1,6%, ANSES procedió a ajustar automáticamente los haberes, dando continuidad al esquema de movilidad que reemplazó al anterior modelo trimestral.
Con la nueva actualización, el haber mínimo ascenderá a $314.243,51, mientras que el haber máximo pasará de $2.081.261,17 a $2.114.561,35. Se trata de una mejora porcentual modesta, que sin embargo busca evitar la pérdida de capacidad de compra frente al avance de los precios.
Pero no todo queda en el aumento por movilidad. El Gobierno confirmó también la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a los beneficiarios que perciben el haber mínimo. Esta medida, considerada clave para los sectores más vulnerables del sistema previsional, se mantendrá durante todo el mes de agosto y funcionará como un complemento al ingreso base.
El bono de $70.000 fue implementado por el Ejecutivo como herramienta de contención social en medio del ajuste fiscal y el freno de la actividad económica. Aunque su carácter es transitorio, su reiteración durante varios meses refleja la necesidad de apuntalar el ingreso real de los jubilados de menores ingresos.
Este refuerzo mensual permite que el ingreso total de un jubilado de la mínima alcance los $384.243,51 en agosto, un monto que, si bien todavía queda por debajo de la canasta básica para adultos mayores, según diversas estimaciones, representa un paliativo importante en un escenario donde los precios siguen en alza.
En las últimas semanas, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley para ampliar ese bono a $110.000, con el fin de compensar más eficazmente el deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, el presidente Javier Milei adelantó que vetará la iniciativa.
"No voy a permitir ningún gasto adicional que ponga en riesgo el equilibrio fiscal", sostuvo el mandatario en declaraciones radiales. Milei remarcó que el plan económico en curso "requiere de una estricta disciplina" y que "no hay margen para seguir gastando como en el pasado".
Este anuncio generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y entre organizaciones de jubilados, que consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el Gobierno y alertan sobre una crisis silenciosa entre los adultos mayores que no pueden cubrir sus necesidades básicas.
El esquema de movilidad basado en el IPC busca evitar el rezago que históricamente sufrían los haberes previsionales frente a la inflación. Sin embargo, la baja de los índices en los últimos meses no garantiza una recuperación real del poder de compra, ya que los aumentos pasados fueron menores al avance acumulado de los precios.
Además, desde que comenzó el año, los bonos extraordinarios pasaron a ser una herramienta casi permanente, lo cual evidencia que los aumentos por movilidad no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales de quienes dependen exclusivamente del sistema previsional.
A esto se suma una fuerte política de ajuste fiscal, que limita el margen de acción del Gobierno para aplicar medidas más expansivas. La decisión de vetar el bono de $110.000 se inscribe en esta lógica, donde el equilibrio presupuestario se convierte en la prioridad política y económica del oficialismo.
Según relevamientos de organizaciones de defensa de los adultos mayores, los jubilados del interior del país enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes. En provincias donde los costos de transporte, salud y medicamentos son más altos y menos subsidiados, el ingreso previsional resulta aún más insuficiente.
"En muchos casos, los adultos mayores están eligiendo entre comprar medicamentos o pagar servicios básicos", denuncian desde la Defensoría de la Tercera Edad. Además, alertan sobre el incremento de personas mayores en situación de vulnerabilidad o que dependen exclusivamente de comedores comunitarios.
De cara a septiembre y octubre, los próximos aumentos dependerán de la inflación registrada en julio y agosto, respectivamente. Si se mantiene el descenso inflacionario, como anticipan algunos analistas, los aumentos por movilidad también serán bajos, lo que genera preocupación en sectores que advierten sobre una posible "licuación silenciosa" de las jubilaciones.
En este sentido, especialistas en seguridad social señalan que es necesario discutir un nuevo esquema previsional que garantice ingresos dignos y no dependa únicamente de bonos temporales o parches que no resuelven el problema estructural.
La discusión sobre una reforma integral del sistema previsional sigue pendiente en la agenda legislativa. Si bien el Gobierno insiste en la necesidad de ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit, distintos bloques opositores proponen avanzar en un nuevo marco legal que garantice sostenibilidad y equidad para todos los jubilados del país.
Por ahora, el esquema vigente sigue atado al IPC, pero no contempla otras variables como el valor de la canasta básica, el costo de vida regional o la situación particular de quienes tienen enfermedades crónicas o gastos médicos altos.
