Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de gobierno porteño comunicó la medida. Advirtió que la orden ya fue emitida al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad.
La Ciudad sancionará a las personas que revuelvan la basura (Foto: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
Las personas que revuelven contenedores en la Ciudad de Buenos Aires enfrentan desde esta semana un nuevo protocolo de intervención policial. La decisión fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien aseguró haber dado instrucciones al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad para actuar con firmeza ante quienes "remuevan basura y ensucien el espacio público".
“Si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, posteó Macri en su cuenta oficial de la red social X, acompañado de un video que muestra operativos en curso.
En las imágenes, se ve a agentes policiales interviniendo directamente: identifican, interrogan, palpan de armas a las personas y luego les ordenan que recojan la basura que han sacado del contenedor. Una acción que, según muchos sectores, está más cerca del hostigamiento que del cuidado del espacio público.
“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, sostuvo Jorge Macri.
En la Ciudad hay 33.045 contenedores: 28.456 son negros y grises, y 4.589 son verdes. Según explicaron desde el Gobierno porteño, ya se instalaron 7 mil contenedores antivandálicos. Los nuevos modelos de contenedores, más modernos y seguros, suman una tapa con resorte que permite que las bolsas de residuos caigan directamente adentro sin que puedan ser retiradas.
En el primer semestre del año, de enero a junio, fueron vandalizados 25.546 contenedores, un promedio de más de 4.200 por mes. La Ciudad detecta los casos de vandalismo mediante los verificadores que hacen el control de calle, y también como respuesta a reclamos de vecinos.
"En la mayoría de los casos los contenedores se pudieron reparar con reposición de partes como pedales, tapas o tensores. Pero también hubo contenedores rotos o destruidos totalmente. A la vez, los contenedores antivandálicos se distribuyeron en lugares que tenían los mayores niveles de reportes sobre problemas con la basura", explicaron las autoridades.
Estos contenedores tienen un sistema tipo “buzón”, lo que facilita el ingreso de basura, pero no que salga. Además, evitan el derrame de líquidos y dificultan que se metan personas. E impiden el depósito de residuos voluminosos que, por su gran tamaño, pueden dañar los contenedores y obstruirlos.
La decisión se da en un año electoral caliente. El PRO busca consolidar su electorado frente al avance del espacio libertario, liderado por Karina Milei y su figura de peso en la Legislatura, Pilar Ramírez. Este bloque viene tensionando la agenda legislativa desde 2024, negándose a votar el presupuesto y el Código Urbanístico.
Ahora, con Manuel Adorni fortalecido tras las elecciones legislativas de mayo, se prepara un nuevo enfrentamiento para octubre. En ese contexto, la seguridad urbana y el control del espacio público se vuelven banderas clave. Y medidas como esta, apuntadas a personas que revuelven contenedores, permiten al oficialismo mostrar “mano firme” frente a problemas cotidianos, aunque el costo social pueda ser alto.
Un problema real, pero con raíces estructurales
La acumulación de basura fuera de los contenedores y la suciedad en veredas es, efectivamente, una de las quejas recurrentes de vecinos porteños. Desde hace meses, el Gobierno instaló tapas antivandálicas para evitar que se remueva basura una vez que ya fue depositada, buscando impedir que personas en situación de calle accedan a lo que otros desechan.
Sin embargo, el fenómeno está profundamente relacionado con la crisis económica y el aumento de la pobreza urbana. Más personas sobreviven a partir del reciclaje informal, la búsqueda de comida o materiales reutilizables en los residuos. Y frente a esa realidad, la respuesta institucional apunta a la penalización.
Desde el año pasado, los operativos de control en torno a los contenedores se multiplicaron. Ahora, con la orden directa de Jorge Macri, el uso de la Policía de la Ciudad como herramienta de intervención toma un nuevo nivel de exposición.
Según el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, “quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada” puede ser sancionado con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o con multas de 81 a 1217 unidades fijas.
La unidad fija (UF) equivale actualmente a $731,62, lo que significa que la sanción puede ir desde $59.261 hasta $890.381, dependiendo de la gravedad y del contexto.
La norma aclara además que la sanción se duplica si la infracción ocurre desde un vehículo o si afecta a monumentos, hospitales, templos religiosos o estaciones de tren y subte. En el caso de bienes privados, se requiere que haya denuncia previa del propietario, salvo si se trata de instituciones religiosas.
Organizaciones sociales y referentes de derechos humanos cuestionaron duramente la medida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado alertando sobre el “riesgo de abusos policiales” y la “falta de respuestas estructurales frente a la pobreza urbana”.
También desde algunos sectores del peronismo y de la izquierda se habló de una “puesta en escena represiva” y una “estrategia electoral que estigmatiza a los más vulnerables”. Por su parte, desde el oficialismo porteño se limitaron a señalar que “la Ciudad debe estar limpia” y que “la normativa debe cumplirse para todos por igual”.
