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Escándalo Etchevehere: continúa el sitio del campo en disputa y el exministro acusa al Gobierno de “apoyar la toma”

Escándalo Etchevehere: continúa el sitio del campo en disputa y el exministro acusa al Gobierno de “apoyar la toma”
Luis Miguel Etchevehere, frente al establecimiento Nueva Casa (Foto: Twitter)

El exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, acusó hoy al gobierno nacional de apoyar la ocupación del establecimiento Casa Nueva, en la localidad de La Paz, Entre Ríos, donde la semana pasada se instalaron representantes del denominado Proyecto Artigas, vinculado al líder social Juan Grabois.

“Acá hay un montón de funcionarios de Alberto Fernández que están apoyando la toma violenta de terrenos en la provincia de Entre Ríos”, resaltó el exfuncionario en declaraciones periodísticas.

Además, aseguró que los funcionarios “han dormido en la toma” e informó que realizó “una presentación al fiscal Oscar Sobko pidiéndole que si alguien quiere salir del campo sea requisado a ver si no se están llevando pertenencias de nuestra familia”.

La semana pasada, Dolores anunció que donaba el 40% de esas tierras para el desarrollo de un emprendimiento agroecológico. En ese momento también informó que Grabois había sido nombrado como su representante legal frente a las causas contra su familia.

Entre otros delitos, los acusa de haberse quedado con su parte de la herencia paterna a través de la falsificación de documentos. De ahí, que ambas parte de la familia, reclamen la propiedad de la estancia y mientras unos hablan de una donación, del otro lado insisten con la idea de toma.

A través de su cuenta de twitter, Luis Miguel Etchevehere contó hoy que una de las funcionarias en el lugar es Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

“El gobierno nacional apoya con funcionarios a Grabois en la usurpación de tierras en Entre Ríos. Que hacían Donda y Veron en audiencia de partes ?? El Director de Econ Popular Sebastián Correa anoche durmió en la toma !. Bordet deja pisotear el federalismo”, agregó en la red social.

La respuesta a Etchevehere llegó del lado de Grabois. "Obviamente frente a las amenazas de muerte, xenofobia expresa y violencia física ejercida pedimos que haya presencia de organismos de derechos humanos, el gobierno nacional y provincial", explicó el dirigente social.

Mientras el juez decide si se pedirá el desalojo del campo, un grupo de productores sigue concentrado frente a la entrada del establecimiento. En tanto, unos cien policías provinciales custodian el acceso para evitar enfrentamientos o intentos de desalojo por la fuerza.

La intervención del INADI

Un hecho que sorprendió fue la intervención del organismo contra la discriminación.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Entre Ríos, se presentó el miércoles ante los Tribunales de La Paz para plantear que “hay una incitación a la violencia por mano propia contra una mujer”.

El titular del organismo, Julián Ríos, dijo que Dolores “está sola y necesita el acompañamiento”.

Ríos se presentó este miércoles ante el Juzgado de La Paz y de Santa Elena para plantear una situación de violencia y discriminación contra Dolores Etchevhere por su condición de mujer.

“Como Inadi actuamos porque decimos que hay un caso de violencia hacia una mujer”, explicó el funcionario y aclaró que no intervienen respecto al conflicto por la tierra que originó la movilización de los ruralistas.

Este jueves, la propia presidenta del Inadi, Victoria Donda, se pronunció en coincidencia con Ríos.

"Quienes apoyamos a Dolores estamos defendiendo la propiedad privada de una mujer que ha sido privada sistemáticamente y por medios violentos y fraudulentos de su propiedad privada", dijo en diálogo con Radio FM Delta. Y agregó: “Dolores fue expuesta durante años a un tipo de violencia psicológica y ese tipo de mujeres me mueve a defenderlas".

Reacción de la provincia

Por su parte, desde el Gobierno de Entre Ríos dijeron que la Justicia "decidirá quién tiene derecho sobre la tierra" y pidieron “responsabilidad" y "apego a la ley".

"Hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza, pero el apego a la Ley es un deber", dijo el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, Juan José Bahillo, mientras que su par de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, llamó a "garantizar la paz social y respetar la decisión de la Justicia".

Bahillo aclaró que "está la obligación de ser responsables" y especificó que este caso "tiene matices que resolverá la justicia, no el Gobierno", pero aclaró que la defensa de la propiedad privada "es un deber del Estado".

Por eso, aseguró que el Gobierno provincial "jamás va a favorecer una usurpación porque se trata de un acto ilegal" y que actuarán según "lo que se resuelva en Tribunales".

Respecto a las manifestaciones que se realizaron por el caso, el funcionario provincial sostuvo que "hay un derecho a expresarse y el Estado lo garantiza" pero que "también está la obligación de ser responsables".

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó que se trata de "una situación muy difícil y no común a las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas".

"Hay un juez de (la ciudad de) La Paz que va a dirimir las situaciones y decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra, determinando a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho", aclaró.

Romero llamó a "la reflexión" y tener "conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad".

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