Un informe técnico del Ministerio de Producción de la Nación muestra los fundamentos y razones por las cuales el Gobierno nacional tomó la decisión de intervención y la intención de expropiación de Vicentin SAIC.
Un informe técnico del Ministerio de Producción de la Nación muestra los fundamentos y razones por las cuales el Gobierno nacional tomó la decisión de intervención y la intención de expropiación de Vicentin SAIC.
Allí destaca la cesación de pagos que entró la compañía, su impacto en la cadena agroindustrial, el empleo y el sector financiero, en particular la banca pública nacional.
En primer lugar, enumera detalladamente los pasos desde diciembre de 2019, cuando comenzó la crítica situación de la firma:
1.Venta de la participación accionaria (16,67%) de Renova a Glencore;
2.Anuncio a acreedores de "estrés financiero" y cesación de pagos.
3.Presentación de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que no consiguió el acuerdo de los acreedores
4.Denuncia del ciudadano Fernando Miguez, Presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, por "posible existencia de una maniobra de perjuicio al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco Nación a favor de Vicentin, que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de $ 18.500 millones. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 Secretaría Nº 20.
5.Primer pedido de quiebra de la empresa pedido por la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA”, perteneciente al grupo de la Constructora Obring. Fue derivado al Juzgado Civil y Comercial N° 14, a cargo de Marcelo Qaglia.
6.Presentación del concurso preventivo, por deuda de $ 99.345,2 millones. Radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2da, Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe.
Según los números, el 23% de la deuda total correspondería a deuda financiera con el sector bancario argentino, siendo más del 88% con la banca pública, encabezada por el Banco Nación.
Según detalle el informe, la pandemia del Coronavirus constituyó un "serio escollo" para el desarrollo del proceso judicial en los plazos previstos, por las medidas de aislamiento decretadas en todo el país. "Esta situación generó mayor incertidumbre en el mercado agroindustrial creando un panorama cada vez más complejo para la firma, cuyo accionar no sólo está siendo investigado por la justicia, sino que también produce cada vez más desconfianza entre productores que tomaron la decisión de no vender sus productos a esta sociedad".
En función de eso, advierte que se "profundizó la crisis puertas adentro de la empresa -ya que hasta el momento sólo una de sus plantas logró volver a operar mínimamente para procesar -a fasón- unas pocas toneladas-. A ello debe agregarse que también se vio afectada la situación de las empresas vinculadas como es el caso de Algodonera Avellaneda S.A. que comenzó a evidenciar problemas en el mes de marzo, licenciando a 1000 empleados y paralizando su actividad".
Posteriormente, por resolución de fecha 5 de junio, se resolvió establecer un nuevo cronograma de fechas del proceso contemplando el volumen y la complejidad de este concurso preventivo. "En este sentido, es notorio que con los nuevos plazos procesales y las complejidades reseñadas, los plazos de tramitación del concurso preventivo se verán afectados, y como consecuencia de estas circunstancias se ha puesto en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma concursada, que al momento de la cesación de pagos era una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales".
