Un fondo buitre que crece gracias a la Argentina
El modelo de Burford consiste en comprar derechos de demandas legales y financiar los costos (abogados, peritos) a cambio de un porcentaje de la indemnización si gana. Burford aporta el capital, pero antes hay un dato clave: elige los casos, gestiona la estrategia legal y, como está seguro de ganar, asume los riesgos. Sabe que los beneficios, en millones de dólares, serán muy jugosos. Solo es cuestión de esperar.
El caso de YPF es “testigo” y una carta de presentación para futuros litigios. En su carta a accionistas, Burford llamó al caso YPF un “hito histórico”: primero logró un fallo por valor de US$ 16.000 millones. Pero ahora, como el Estado argentino nunca acercó una propuesta para negociar, la jueza dispuso el método: el Estado argentino deberá entregar el 51 % de las acciones, el mismo porcentaje que originó la mal llamada “reestatización” de YPF. El caso comenzó en 2012 y, desde el planteo inicial, lo que ahora debe pagar la Argentina no solo se multiplicó en millones de dólares, sino que también perderá el control de la compañía. Justo en el momento en que el sector energético - y Vaca Muerta con YPF -es uno de los brazos más importantes de la estrategia económica del Gobierno.
Pero el antecedente inmediato también tiene relación con nuestro país, otro caso traumático ligado a la privatización y reestatización de Aerolíneas Argentinas.
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Aerolíneas Argentinas e YPF, dos litigios que hicieron ganar miles de millones de dólares al fondo Burford a costa del estado argentino. (Foto: Gentileza YPF)
La línea de bandera y una causa por US$ 3.000 millones
En 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió reestatizar Aerolíneas Argentinas, que pertenecía al grupo español Marsans.
Esa empresa había desguazado Aerolíneas Argentinas, continuando el proceso iniciado por Iberia, su primer “dueño” tras la privatización dispuesta por el presidente Menem en los 90. Marsans demandó ante el CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial), y Burford compró el derecho al litigio por un precio reducido.
Cuando el país “reestatizó” Aerolíneas, Marsans inició un juicio por irregularidades en ese proceso. Tras cinco años de litigio, en 2017, el CIADI falló contra Argentina, que debió pagar unos US$ 320 millones.
El fondo Burford, que llevó adelante el litigio ante el CIADI -un tribunal internacional para diferencias en procesos económicos- , recibió el pago en 2019.
Su negocio fue más que un éxito: obtuvo una ganancia estimada en más del 700 % sobre su inversión.
Griesa-Preska: el duro tribunal del sur de Nueva York para la Argentina
El juez Thomas Griesa, desde su juzgado de Nueva York, le dio la razón a quienes no ingresaron en ninguna etapa del canje propuesto para la deuda externa. Finalmente, tras sucesivas apelaciones, falló contra nuestro país. Sus decisiones obligaron a la Argentina a pagarles a esos bonistas íntegramente, con intereses, lo que derivó en pagos por más de US$ 9.300 millones en 2016.
Griesa se jubiló y ese mismo juzgado pasó a manos de Loretta Preska, la jueza del caso YPF.
Preska recibió la demanda de quienes no se sintieron compensados como correspondía por el traspaso “obligado” de sus acciones, para que el Estado argentino alcanzara el 51 % y recuperara el control de la compañía, que siguió siendo una sociedad anónima.
Allí intervino nuevamente el fondo Burford: se quedó con los derechos del grupo Petersen, que desde 2008 había comprado el 25 % de YPF, financiado en gran parte con préstamos que se pagarían con los dividendos futuros de la petrolera. Pero cuando el gobierno de Cristina Kirchner le impidió girar dividendos, el grupo Petersen quebró y demandó al Estado argentino. Burford compró ese derecho a litigar.
La jueza basó su fallo en tres elementos:
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Las palabras de Kicillof, entonces viceministro de Economía, cuando dijo que el Estado argentino sería “estúpido” si respetara los compromisos estatutarios de YPF.
El Estado argentino controla efectivamente a la empresa YPF.
En todos estos años, desde la sentencia que ordenó el pago de US$ 16.000 millones, el Estado nacional - tanto bajo Fernández, Macri como ahora con Milei - dilató la cuestión y no mostró ánimo de negociación alguna.
Por eso, la jueza condenó a la Argentina a devolver el 51 % de las acciones de YPF y, además, a pagar una “multa” (taxing) de US$ 2 millones diarios mientras no haga efectiva la transferencia accionaria.
Christopher Bogart es el cofundador y CEO de Burford Capital, la mayor firma de financiamiento de litigios a nivel global. Debe tener un aprecio especial por la Argentina, que lo ha convertido en un multimillonario en este siglo.
