La incertidumbre sobre el futuro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados preocupa a quienes por primera vez en la Argentina se decidieron a contar la verdad sobre sus hechos de corrupción en varias causas. Allí aportaron nombres, direcciones y pruebas documentales para el avance judicial de esos procesos y, eventualmente, las respectivas condenas.
La idea del mani pulite argentino, el Lavajato de Las Pampas o como quieran denominar a un mega proceso judicial sin precedentes -manifestado en una veintena de causas- se debe en gran medida a la implementación de esta figura del “arrepentido” por primera vez en causas de corrupción en la Justicia Federal.
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados nació en 2003, bajo la ley 25.764. Allí se agregó a los testigos e imputados de investigaciones judiciales por los delitos de secuestro extorsivo y terrorismo.
La ley otorgó facultades al Ministro de Justicia para decidir incorporaciones en casos de delincuencia organizada y violencia institucional, siempre que se tratare de casos de trascendencia y existiera interés político criminal en la investigación.
Desde el año 2005 se jerarquizó el organismo encargado de la dirección del Programa, otorgándole la categoría de Dirección Nacional, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Hoy sigue bajo el Ministerio de Justicia con la colaboración de grupos interdisciplinarios y de seguridad como Los Lobos, hombres dependientes de las fuerzas federales, encargados de contener y proteger a los testigos en peligro. Con idas y vueltas y críticas, el sistema funcionó en buena medida gracias a la intervención de varias partes bajo la tutela del equipo de Germán Garavano y también bajo la intervención de jueces y fiscales federales que fueron monitoreando el desenvolvimiento de los “testigos e imputados colaboradores” cuando debieron presentarse en cada una de las declaraciones.
“No fue fácil y hubo internas con los agentes del Servicio Penitenciario Federal, ya que el trato que recibieron los testigos en ocasiones no se condijo con lo esperado de un colaborador judicial; por ejemplo a Manzanares lo metieron en una leonera, -una celda sin luz natural- en medio de sus largas declaraciones frente al fiscal Stornelli y al juez Bonadio en la causa Cuadernos, justo cuando había que cuidarlo”, le dijo a a24.com uno de los testigos del Programa. Varias fuentes consultadas coinciden que estas dificultades se debieron en gran medida a “un resabio de personas que se vieron afectadas por estas declaraciones; muchos del gobierno anterior que nunca se fueron del todo”.
Algo similar pasó con Leonardo Fariña: el ex financista tuvo, por momentos, una serie de restricciones extremas e incompatibles con la calidad de vida de quien necesita estar a disposición del requerimiento judicial.
En el caso del chofer Oscar Centeno, la situación es diferente y, a la vez, compleja: el ex chofer de Roberto Baratta pasó del aislamiento a la cooperación judicial en la medida en que recibió contención familiar y psicológica: al principio no quería ni hablar y con el tiempo se fue aflojando y empezó a escribir otros cuadernos” señaló un hombre del programa.
Los cambios permanentes de lugar que van desde comisarias a establecimientos penitenciarios y domicilios -secretos y particulares- también resultan una complejidad para quienes viven su proceso de arrepentimiento con idas y vueltas y lleno de temores.
El ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, pidió durante mucho tiempo ser trasladado a otro domicilio con alguna comodidad durante varias semanas.
Cuando entrevistamos al ex contador para La Cornisa por América TV, tuvimos que firmar un contrato de confidencialidad que incluyó el secretismo del lugar donde fue realizado el reportaje. Ese contrato también lo debe firmar cada uno antes de adherirse al Programa.
Consultados por A24.com, varios testigos e imputados pidieron expresamente “no poder hablar” o dar su opinión sobre el Programa. “Lo tengo prohibido por el contrato que firmé” repitieron.
Sin embargo tales restricciones para la seguridad no garantiza necesariamente el blindaje absoluto. La mayoría de las quejas surgen porque quienes los custodian “saben demasiado y eso no siempre es una garantía” para sus vidas: “serían los primeros en entregarnos si alguno llega a corromperse”.
Un hecho ocurrido en 2017 en Parque Chacabuco contra el auto que viajaba Leonardo Fariña dejó un atacante muerto y un prefecto herido luego de un tiroteo con más cien disparos. Si bien la hipótesis oficial fue que se trató de un robo, esos custodios de Fariña ya no forman parte de su protección.
El caso de José López es algo similar en este sentido. El ex secretario de Obras Públicas conocido como “el hombre de los bolsos” se encuentra en un establecimiento Penitenciaro y desde hace varias semanas solicita una mejora en su situación habitacional; es decir ser trasladado a una casa o un departamento.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno quiere firmar antes de irse el 10 de diciembre busca traspasar el Programa a la órbita de la Justicia. Más precisamente al ámbito del Consejo de la Magistratura. El organismo sería la Cámara de Casación Penal, el órgano judicial previo a la Corte Suprema de Justicia.
Desde ese ámbito las observaciones por la incompatibilidad del Programa que debe custodiar y, a la vez, valorar las declaraciones de los testigos e imputados es una de las razones por la cual se hicieron observaciones al proyecto del gobierno. Las otras cuestiones están vinculadas a lo presupuestario y a la protección de los testigos e imputados. Desde la justicia señalan que ellos no tienen presupuesto ni fuerza de seguridad propias.
Sin embargo A24.com pudo saber que desde el gobierno de Macri piensan en insistir con el DNU, tal vez con algunas modificaciones, ya que la Justicia podría funcionar como una Superintendencia para controlar el Programa (tal como ocurre con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado DAJuDeCO que esta semana fue galardonada con un premio en el marco del programa Justicia 2020). Otra opción es que lo siga administrando el Ministerio de Justicia, dependiente del Poder Ejecutivo pero con mayor autarquía para el Programa que podría ser auditado a nivel judicial de manera constante.
Mientras eso se decide avanzan los juicios y las declaraciones que ya hicieron los testigos en varias causas. Por ejemplo esta semana comenzaron las pericias en las causas Hotesur y Los Sauces que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 5 el próximo año. Los peritos de parte de Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, Romina Mercado y Cristobal López entre otros, empezaron a analizar las pruebas por la presunta asociación ilícita para lavar dinero armada desde las empresas hoteleras Hotesur y Los Sauces que fueron alquiladas a empresarios beneficiados con contratos desde el Estado.
Menos Lázaro Báez, la mayor parte de los acusados ya avanzan con sus defensas de cara el juicio oral. Para esas causas fue fundamental lo declarado por Manzanares en la etapa de instrucción a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Manzanares dijo en la justicia que está probado el lavado de dinero en una operación que se quiso salvar a través de un distracto contable entre un terreno que comercializó Lázaro Báez con la sociedad Los Sauces cuando esta última no tenía el dinero suficiente para esa compra, hecho que relato en mi reciente libro “La Confesión del Contador”: “En pleno centro de Río Gallegos hay una propiedad de la sociedad Los Sauces (de la familia Kirchner) que le compró en 100.000 dólares a Lázaro Báez.
El propio Manzanares declaró en la Justicia que se trata de “una operación típica de lavado de dinero” que él mismo en la declaración jurada de ese momento intentó deshacer, ya que la sociedad de los Kirchner no poseía ese monto en ese año. Por eso, Manzanares le sugirió a la expresidente hacer un distracto, un documento para evitar que se registre el delito.
Un fragmento de "La Confesión del Contador" refleja cómo fue la maniobra:
“En 2011, Víctor viaja a Olivos por un problema con el distracto. El doctor Kirchner con Sanfelice compraron una propiedad en la calle 25 de mayo 80, en Santa Cruz, a Lázaro Báez. A él le hacen preparar el acta de directorio de Los Sauces. El tema es que habían hecho la escritura, pero no habían comprado los dólares. No había dólares en blanco. O era una operación simulada o no había dólares en caja. Eso es algo que Víctor no puede precisar. No habían hecho la compra de los dólares. Cuando él observó ese error, Kirchner le pidió que lo arreglase. Se va entonces a la escribanía Albornoz y le pide que subsane o anule la escritura. Albornoz le dijo que lo máximo que se podía hacer era un distracto, un acuerdo entre las partes por medio del cual convenían en que se revocara el acto antes dispuesto. El escribano preparó la escritura y pensaba llevársela a Máximo para que la firme. Dado que ese instrumento nunca se firmó, Víctor le planteó a Kirchner que ese tema era un problema. Eso es un hecho que está dentro del juicio de Los Sauces.
En esa reunión en Olivos, de la que participaron Sanfelice y Cristina Fernández, Víctor le manifiesta a la doctora que el distracto aparece en el libro de actas de Los Sauces, pero que no está firmado. Báez se había comprometido a llevar una nota donde ellos aceptaban el distracto e iban a arreglar en su contabilidad la adquisición de esa propiedad. Esa nota luego apareció y fue aportada por el doctor Beraldi al expediente. A la salida de esa reunión, Sanfelice lo acerca a Barrio Norte, al departamento de sus suegros, y le dice que al final de los tiempos, cuando terminase la presidencia de la doctora, se le iba a entregar un departamento ahí en Buenos Aires como premio o recompensa por todo su trabajo. Eso fue en 2011, cuando terminó la reunión. Esa promesa nunca se cumplió”.
Por eso Manzanares vive con incertudumbre por estos días. Pero no es la primera vez que le pasa. Luego de aportar información judicial importantte, decidió salir del Programa para volver con su familia. La gestión la hicieron su abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini y no fue nada fácil.
Hoy Manzanares vive con custodia de la Policía Federal que no lo deja ni a sol ni a sombra. Pero aún así no está seguro. Sabe que su declaración en los próximos meses puede ser fundamental para una condena, nada más y nada menos que contra una vicepresidenta.
