Entre los problemas que el Covid 19 trajo a la justicia sobresale el de los detenidos. Desde hace varias semanas se había iniciado un debate incipiente puertas adentro de los tribunales. Algunos, como la Cámara Federal de Casación Penal o el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, se pronunciaron e invitaron a los jueces inferiores a revisar algunas situaciones para descomprimir las atestadas cárceles federales y bonaerenses.
Aunque con un criterio no muy claro, los magistrados trazaron una línea difusa entre los delitos graves y los más leves. La idea era que la personas procesadas con prisión preventiva por delitos excarcelables y aquellos con problemas de salud considerados “de riesgo” cumplieran el encierro de otro modo.
Pero las distintas interpretaciones de esas decisiones, el pánico de las autoridades frente a este problema y la presión de los propios presos desembocó en decisiones que parecen justas, pero también en la inadmisible liberación de delincuentes peligrosos; incluso, algunos enjuiciados por delitos de género que de golpe regresaron al vecindario donde viven las propias víctimas. La temperatura de la disputa aumentó.
La intensidad de la discusión aumentó con los incidentes ocurridos en algunas cárceles provinciales por medio de los cuales los presos exigieron medidas de seguridad para no verse contagiados por el coronavirus. El pico del debate se dio a partir de los hechos del viernes pasado en el penal ubicado en el barrio de Devoto de la ciudad, que se suspendieron tras una negociación entre los detenidos, las autoridades judiciales y políticas. Pero fueron las palabras del presidente Alberto Fernández recomendando evaluar el arresto domiciliario para los grupos de riesgo lo que terminó de dividir las aguas.
La discusión parece no tener fin. Una vez más se mezclan conceptos, dolores, prejuicios y hasta hay lugar para chicanas políticas que no tienen un interés directo con las prisiones, sino que buscan ganancias para sus propios objetivos. Para colmo de males, la justicia alimenta el tema cuando libera femicidas sin ningún argumento razonable. La puja, no obstante, se puede comprender luego de hacer una pausa y mirar el escenario con un poco de distancia.
En una de las veredas está el grito de las víctimas de muchos delitos. Ya sea de manera individual o a través las organizaciones que los nuclean, intentan bloquear las decisiones judiciales que transforman prisiones preventivas en detenciones domiciliarias. Este reclamo es de naturaleza emocional. Quienes sufrieron directa o indirectamente un delito lógicamente no digieren que el propio Estado que metió a los delincuentes en una cárcel los suelte antes de tiempo.
En vereda de enfrente se para un sector de la dirigencia política y un sector de la propia justicia. Ellos defienden la estrategia de liberar presos por el riesgo que significa mantener personas encerradas en malas condiciones sanitarias y hacinadas. Justifican su posición en base a razones:
* técnicas -la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada-
*sanitarias -el Covid 19 causaría estragos en un penal-
*y también de pánico, ya que según el artículo 18 de la constitución, los jueces son los responsables de la seguridad de los presos.
Ambas perspectivas se ubican en veredas contrapuestas. Pero el camino del Estado debería ser el del medio. La palabra pública debe alejarse de las dos veredas. Debe comprender, debe persuadir, reconocer errores y fundamentalmente explicar. Pero ese lugar permanece vacío.
Está muy bien que la democracia reconozca, escuche e incite la participación de las víctimas en los procesos judiciales. Pero las víctimas participan desde su propio dolor. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones sobre los delitos. Quien debe resolver los casos y asignar a cada uno lo que corresponde es la justicia.
El tema es que un sector de la justicia y de la dirigencia política se para en la verdada que está enfrente a las víctimas y corre el eje del debate ya que no discute la razón de fondo, sino que busca licuar su propia responsabilidad. Por lo tanto, queda vacío el punto medio, que debería ser el lugar de las autoridades públicas.
Claro que actualmente es un lugar incómodo; sobre todo para el sistema judicial. La justicia se debe un debate sobre la cantidad de detenidos sin condena. Las autoridades judiciales deberían reflexionar sobre el tiempo que tardan en terminar los juicios. Probablemente también sobre la cantidades de prisiones preventivas que se aplican. La administración de justicia debe incluso analizar su trabajo a la luz de los parámetros de la propia Constitución, que en su artículo 18 dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo de los reos, quienes no deben sufrir más que el dolor que significa el encierro.
El Covid 19 visibilizó el problema de las cárceles. Pero la situación carcelaria no se soluciona con más prisiones preventivas y con medidas sanitarias, sino con una discusión real dentro de la propia justicia, que debe escuchar la voz de las víctimas, pero que debe ser resuelta por el Estado.
