La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento contra un oficial de la Policía de la Ciudad que mató de una patada en el pecho a un transeúnte que, en supuesto estado de intoxicación, obstaculizaba el tránsito en el barrio porteño de San Cristóbal, el 19 de agosto pasado.
El fallo recayó sobre Esteban Armando Ramírez, quien había sido procesado en primera instancia por el “homicidio preterintencional” de Jorge Martín Gómez, quien estaba armado con un cuchillo tipo Tramontina y presuntamente bajo efectos de alcohol o drogas.
El episodio, que quedó grabado por las cámaras de seguridad de la Ciudad, fue profusamente difundido por los medios audiovisuales, que mostraron el golpe y la caída de Gómez, quien murió por las fracturas en su cráneo.
Los camaristas Mauro Divito y Mariano Scotto consideraron que “la víctima, pese a que estaría intoxicada, entrañaba un riesgo cierto no sólo para sí sino también para terceros”.
Ello justificaba la intervención policial con extrema cautela, pues “al portar Gómez un cuchillo, una aproximación a corta distancia para reducirlo era obviamente desaconsejada”.
Sin embargo, ambos advirtieron que cuando el oficial de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y descendió de su motocicleta “la víctima no esgrimía el arma sino que, por el contrario, en una actitud pasiva, la tenía escondida detrás suyo”.
En ese escenario, el policía Ramírez “debió al menos evaluar con mayor reflexión la situación antes de patear intempestivamente a la víctima, frente al estado de intoxicación de ésta”.
La situación exigía al uniformado que “antes de actuar como lo hizo evaluara la situación con mayor detenimiento conforme a los parámetros que establecen las normas que guían su actuación”.
“Su conducta no se ajustó a los lineamientos impuestos por la ley”, resumieron, pero dejaron abierta la posibilidad de un cambio de calificación en el juicio oral: de “homicidio preterintencional” a “exceso en la legítima defensa”.
El tercer juez del tribunal, Juan Cicciaro, directamente se inclinó por confirmar el procesamiento y el embargo por dos millones de pesos tal como había sido dictado en primera instancia por la jueza de instrucción Yamile Bernan.
Si bien resta una medida de prueba sugerida por la Cámara, la causa quedó en condiciones de pasar a la etapa de juicio oral y público.
