Manifestó que el 3 de abril de 2017, el doctor Bonadio dispuso el procesamiento de veintiún personas, entre ellas, el contador Víctor Alejandro Manzanares, ignorando por completo la pormenorizada explicación dada por el imputado . Afirmó que en el aludido auto de procesamiento, el doctor Bonadio reconoció su incompetencia para seguir entendiendo en la causa, pero que sin embargo, continuó ordenando medidas .
Asimismo, puntualizó que la detención de Manzanares fue realizada por la Policía Federal Argentina, delegación Santa Cruz y que dicho procedimiento estuvo dirigido a producir un alto impacto en la opinión pública . Esgrimió que pese a la urgencia con la que se dispuso la detención de Manzanares, su traslado a la ciudad de Buenos Aires se produjo luego de transcurridos varios días desde su detención . Criticó la exposición pública a la que sometieron a Manzanares durante su traslado a Buenos Aires, y la negativa del magistrado denunciado frente al pedido efectuado por Manzanares tendiente a ampliar su declaración indagatoria.
La otra denuncia también es de agosto de 2017 pero la hizo Oscar Parrilli, que cuestionó el desempeño de Bonadio, en la causa caratulada “Daura, Katya y otros s/ administración fraudulenta”. Parrilli refirió que en la citada causa el doctor Bonadio habría manipulado y falseado declaraciones testimoniales para fundar el auto de procesamiento dictado en su contra .
Señaló que el magistrado denunciado “… pasó los límites que un juez no debe pasar: le hizo ‘decir’ a dos testigos lo que nunca dijeron con la sola finalidad de poder fundar un auto de procesamiento. Si un testigo miente en causa penal contra el imputado es falso testimonio agravado, si un juez falsea los dichos de dos testigos para imputarle un delito a un ciudadano ingresa en el ámbito penal y su conducta, además, constituye un claro mal desempeño de sus funciones…” Concretamente, Parrilli explicó que en el auto que dispuso su procesamiento Bonadio habría invocado de manera reiterada hechos falsos, manipulando declaraciones testimoniales para poder así imputarle el delito de administración fraudulenta.
Frente a este panorama, el representante del Ejecutivo Juan Bautista Mahiques argumentó que hay que desestimar ambas denuncias porque no se debe enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. Ahora quedará en mano de los consejeros si hacen lugar a su pedido de desestimación o no.
Más allá de estos dos casos Bonadio tiene otras seis denuncias pendientes de ser resueltas en el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño en sus funciones. La última la hizo Juan Ramos Padilla, el padre del juez Alejo Ramos Padilla, por presuntas irregularidades en el manejo de las escuchas de la llamada “Operación Puf”.