Por qué procesaron a los intendentes. Bonadio adoptó esta resolución por considerar a los 92 intendentes y ex intendentes "partícipes necesarios" de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos. Según el magistrado, habrían cometido una estafa que, entre 2013 y 2015, habría superado los 600 millones de pesos.
