La peor profecía de los funcionarios del actual gobierno sobre el policía bonaerense Luis Chocobar está a punto de cumplirse. En campaña Alberto Fernández cuestionó el accionar y sobre todo la impronta de la ex ministra Patricia Bullrich advirtiendo a los miembros de las fuerzas de seguridad que cuando por sus acciones debieran enfrentar a un tribunal oral, los funcionarios que los empujaron a ese accionar delictivo no iban a estar para protegerlos.
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El juicio al policía Chocobar y el anuncio del final de una "doctrina" que fue más mediática que real
Chocobar será sometido en febrero próximo a juicio oral y público acusado por el delito de “homicidio en exceso del cumplimiento de un deber”, agravado por su condición de agente de una fuerza de seguridad. Un tribunal oral de menores lo juzgará junto con uno de los asaltantes del turista estadounidense, que de milagro salvó la vida en 2017.
El otro asaltante, Juan Pablo Kukoc, mayor de edad, fue perseguido por Chocobar, quien según la acusación y lo que se observa en los videos de las cámaras de seguridad, le disparó cuando estaba huyendo y le causó heridas que provocaron su muerte.
Chocobar hoy está solo. Su abogado, Fernando Soto, pidió que sea juzgado por un jurado popular. Pero en la Justicia Penal de la Capital Federal esa experiencia todavía no tiene vigencia.
Desde que en 1992 fue reformado el Código Procesal Penal y se incorporó la oralidad en los procesos penales, nunca se celebró un juicio por jurados.
El sistema funciona sólo para algunos delitos en varias provincias del interior del país, pero ni en la justicia nacional de la Capital Federal, ni en la federal, ha sido aún implementado.
Soto, quien cobró alguna notoriedad a la luz de la investigación por el incendio del boliche Cromañón, en 2004 y por ser el abogado de la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, jugó una carta de difícil aceptación.
Seguro de que gran parte de la sociedad apoya lo que hizo Chocobar, apostó a un jurado emergido de entre la gente en lugar de uno técnico. Hasta ahora, todas las instancias judiciales consideraron que el policía municipal de Avellaneda cometió un delito.
El contexto político en el que se desarrollará el juicio tampoco favorece al uniformado, quien hoy está suspendido en sus funciones.
En sintonía con el pensamiento del nuevo presidente (experto y catedrático en derecho penal), la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció el final de la “doctrina Chocobar”.
El problema para Chocobar es que nunca existió formalmente tal doctrina.
La “Doctrina Irurzun”, que lleva el nombre del renovado presidente de la Cámara Federal porteña, se tradujo en un fallo que permitió encarcelar a ex funcionarios kirchneristas. Allí sí había un documento con valor (discutido judicialmente incluso, por supuesto) legal sobre el cual un juez puede hoy justificar una prisión preventiva que hubiera dispuesto al calor de su contenido.
La “doctrina Chocobar” fue una construcción más mediática que real, y sobre todo sin apoyatura legal, más allá de algunos protocolos con notas de mano dura que sancionó Bullrich después del hecho en el que murió el asaltante Kukoc.
Lo que sí había era un Código Penal vigente que tipifica la conducta de Chocobar en un delito. El Código sigue vigente; la doctrina nunca lo estuvo. Sólo fue sostenida políticamente por un gobierno que ya no está.
La misma situación que afrontará Chocobar se insinúa en el horizonte de otros integrantes de fuerzas de seguridad que intervinieron en situaciones similares, o poco menos.
El tribunal que juzgará al policía, integrado por tres magistrados de bajísimo perfil pero alta experiencia y trayectoria (Adolfo Calvete, Jorge Apolo y Fernando Pisano), juzgará con ese Código y en un contexto político que rechaza lo que hizo Chocobar.
Y los ex funcionarios que prohijaron, respaldaron y aplaudieron su conducta, hoy están en sus casas y a salvo de cualquier imputación penal.
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