El ministro Germán Garavano expresó ante A24.com haber tomado cartas en el asunto. Las estadísticas elaboradas por su cartera muestran que, entre 2017 y 2018, de los 120 nombramientos para ocupar vacantes de jueces en los últimos dos años, 70 fueron para varones y 50 para mujeres.
La falta de mujeres también se evidencia en el ministerio Público Fiscal. Según un informe de la Dirección General de Políticas de Género del total de fiscales designadas/os por concurso entre 2000 y 2016 (187 nombramientos), el 27% son mujeres (51) y el 73% (136) son varones.
Ante este contexto, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó en el Congreso un proyecto de ley para integrar con al menos un tercio (⅓) de mujeres a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales colegiados nacionales y federales.
“Las vacantes que se produzcan a partir de la vigencia de la presente ley, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en cualquier otro tribunal colegiado de los tribunales nacionales o federales, deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla en cada uno, con el cupo femenino dispuesto”, afirma el proyecto de Carrió.
Parte de la política ha recogido el guante de este problema ante la demanda de igualar las oportunidades de las mujeres con respecto a los varones en la Justicia. Sin embargo, falta mucho.
Y, sobre todo, es de vital importancia que las medidas que tomen surjan de un interés genuino y de un profundo conocimiento en la materia para que no queden en medidas electoralistas o aisladas sino que apunten a mejorar la situación.
Es tiempo de abrir la estructura judicial para que se adecue al siglo XXI.