Qué estableció el juez. Según Casanello, existió un direccionamiento de las contrataciones para elegir a determinadas empresas. De acuerdo con el fallo, no habría existido una real competencia en la licitación pública sino un armado para quedarse con el negocio. Después, una vez que se abrían los sobres, el Estado modificaba las condiciones del pliego, alterando el espíritu original y siempre en beneficio de la empresa, explicaron fuentes judiciales.
Delito. La cadena de irregularidades llevó al juez no solo a establecer que hubo negociaciones incompatibles sino que existió un fraude en perjuicio del Estado en donde fueron autores los ex funcionarios y los partícipes los empresarios.
Es por esto que Casanello terminó procesando a ex funcionarios como Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, también embargados por 790 millones de pesos. Así como a Aldo Benito Roggio y Tito Biaggi (embargos por 574 millones de pesos) y Wagner (alcanzado por un embargo de 223.200.000). En total hubo 19 procesados.
Cómo sigue. Mientras las defensas de los procesados podrán apelar la Cámara Federal, el juez avanzará con las indagatorias que aún no tienen fecha y sigue buscando pruebas de los sobornos.
Casanello sostuvo que “es necesario insistir con los requerimientos de asistencia jurídica internacional” y libró nuevos exhortos a las autoridades judiciales de Estados Unidos de América, la Confederación Suiza, la República de Panamá, la República Oriental del Uruguay, República Federativa de Brasil y a Antigua y Barbuda.