La Cámara Federal porteña revocó por segunda vez en los últimos tres años un sobreseimiento a favor del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y de su ex director de Negociación Colectiva Adrián Caneto, ambos acusados de haber forzado al titular de Subterráneos de Buenos Aires en 2012, Juan Pablo Piccardo, a concurrir a una reunión con trabajadores para destrabar un conflicto laboral escoltado por efectivos de la Policía Federal.
La situación fue escandalosa, aunque la lejanía la haya desdibujado en la memoria. El kirchnerismo como gobierno a nivel nacional y el macrismo en la Capital Federal pujaban por el traspaso de subte a la órbita porteña y, en ese contexto, las tensiones estaban a la orden del día.
En mayo de 2012, Piccardo fue conminado a concurrir a una reunión entre Metrovías y los empleados del subte. Efectivos de la Policía Federal lo fueron a buscar, por orden de la cartera laboral. Piccardo, quien se negaba a ir, aceptó hacerlo por sus propios medios.
No obstante, la policía lo escoltó desde la sede de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), en Agüero 48, hasta la cartera laboral, en Callao al 100. La reunión se realizó, pero sin soluciones ni acuerdo entre las partes.
El propio Piccardo y la Procuración General de la Ciudad denunciaron al ministro de Trabajo y a su colaborador por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada. Piccardo denunció “la inusual intervención de la fuerza pública para su traslado”.
La causa durmió durante años hasta que en 2016 el juez Julián Ercolini los sobreseyó. Pero la Cámara Federal lo corrigió por primera vez.
“Las constancias colectadas en el sumario evidencian que el criterio desvinculatorio adoptado resulta prematuro. Las apreciaciones efectuadas por los querellantes resultan atendibles, desde que con acierto señalaron que no advierten que el imputado haya actuado con ‘error de interpretación o en la ignorancia sobre un permiso’ como lo sostuvo el juez, para concluir que actuó en exceso a los límites impuestos por la ley, pero que debe ser eximido dado que la figura que se le atribuye no presenta forma culposa”.
Esa había sido la argumentación de Ercolini para exculpar a Tomada, pero la Cámara destacó “la necesidad de profundizar la investigación”. Ercolini lo hizo, y tres años después volvió a sobreseer a los imputados. Pero la Cámara, otra vez, lo desautorizó.
“El criterio definitivo adoptado nuevamente por el instructor no puede ser avalado. En la anterior intervención de esta Alzada se advirtió la necesidad de profundizar la investigación respecto del imputado de acuerdo a los propios antecedentes colectados en la causa y en el expediente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación”, recordaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.
“Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, se observa que pese a las medidas llevadas a cabo en la instancia anterior aún persisten los interrogantes que fueron señalados en esa oportunidad, los que no han sido despejados e impiden, por ende, descartar sin más la hipótesis que sostiene el querellante”, completaron.
El fallo considera “conducente que la pesquisa se oriente a recabar mayor información que permita dar cuenta de los pormenores del procedimiento llevado a cabo por las autoridades laborales en torno a las incomparecencias de la Secretaría de Transporte a las audiencias convocadas por ese Ministerio”.
De tal forma, Tomada y su colaborador Caneto vuelven a estar bajo investigación.
