Poder Judicial

Alerta en la Justicia por espionaje de las declaraciones juradas de jueces que tienen a su cargo causas por corrupción

Violaron la cerradura y entraron a una oficina del Consejo de la Magistratura donde revisaron 33 sobres cerrados. Las cámaras de seguridad estaban apagadas. ¿Cómo reaccionaron los magistrados afectados?
Rosario Bigozzi
por Rosario Bigozzi |
Desde hace casi tres meses

Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación posterga la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura (Foto: NA)

Cuando parecía que ya estaba normalizado el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, descubrieron que intrusos ingresaron a la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales, y revisaron 33 sobres cerrados con la documentación presentada por jueces que tienen a su cargo causas por corrupción. Los primeros informes a los que tuvo acceso A24.com, revelan que durante el último fin de semana largo de junio, desconocidos violaron la cerradura, revolvieron los ficheros y manipularon declaraciones juradas de magistrados y funcionarios. Para colmo, no hay registros en video pues las cámaras de seguridad estuvieron fuera de servicio desde el jueves 16 de junio hasta el miércoles 22 de la semana siguiente.

Entre los magistrados y funcionarios afectados se encuentran los integrantes del Tribunal Oral Federal número 2, que lleva adelante el juicio de Vialidad por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, que tiene a Cristina Fernández en el banquillo de los acusados. De hecho, ese proceso inicia el lunes la etapa de alegatos, y calculan que antes de fin de año se conocerá el veredicto. Se trata de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

También figuran el juez federal Ariel Lijo, vicepresidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), quien a su vez atiende el caso de espionaje y extorsión del falso abogado Marcelo D'allesio.

Además, compulsaron los registros de algunos miembros de la Cámara de Casación federal, como Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que manejan expedientes sensibles como Hotesur y Los Sauces, y Ruta del dinero. Otro sobre vulnerado pertenecía a la consejera y jueza de familia Agustina Díaz Cordero.

El malestar se percibió en Tribunales, tal como lo hizo saber la Asociación de Magistrados, que difundió un comunicado destacando su estupor por lo que consideran un ataque a la independencia del Poder judicial.

Se abrió un expediente judicial y otro administrativo

La irrupción en la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura la descubrió el 21 de junio una de las empleadas del área al regreso del receso de 4 días por los feriados relacionados con las muertes de Güemes y Belgrano.

Según consta en la declaración, al llegar a la oficina ubicada en Sarmiento 877 piso 8, “la agente Maria Victoria Villarreal observó que la puerta de ingreso a la cocina, se encontraba abierta. Es decir, sin llave y arrimada, siendo que la misma había sido cerrada el último día laboral –jueves 16 de junio”.

Inmediatamente la responsable de la Oficina, Maria Victoria Perez Bayonzo, lo informó a la presidencia del organismo, a cargo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Luego se envió un oficio a los Tribunales de Comodoro Py, donde terminó en manos del juzgado federal número 6, que subroga el juez Daniel Rafecas.

En ese momento, Rafecas dispuso una inspección para determinar si había faltantes y si las cerraduras habían sido forzadas. Ordenó un informe sobre las personas que ingresaron al edificio, que incluyera los registros de las cámaras de seguridad.

Esta cuestión se mantuvo en reserva hasta el jueves pasado, fecha en la que se realizó una reunión secreta del Plenario del Consejo para poner en conocimiento al cuerpo. De este modo, resolvieron sostener la investigación de los hechos por dos carriles: el judicial y el administrativo.

Por el lado judicial, el juez Rafecas resolvió delegar el expediente al fiscal Ramiro González, quien citó para prestar declaración testimonial al encargado de la Superintendencia del edificio, Alberto Yáñez; a María Victoria Pérez Bayonzo, responsable de la oficina de DDJJ Patrimoniales; y a la empleada que dió aviso.

Al mismo tiempo, solicitó a la Sección Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, que designe personal idóneo para que se ocupe de obtener información respecto de las antenas telefónicas de la zona, con el propósito de averiguar qué números se activaron durante ese fin de semana.

Hasta ahora determinaron que de las casi 12 mil declaraciones juradas que se guardan en la oficina ultrajada, 24 sobres aparecieron abiertos y alterados, y otros 9 estaban cerrados, pero por su aspecto podrían haber sido manipulados.

En tanto, la mayoría de los cajones que componen los ficheros que albergan la totalidad de la documentación se encontraban desordenados.

Aún no se ha determinado la tipificación del delito, pero el fiscal decidió que “el objeto de esta investigación será determinar si personas ingresaron de manera ilícita a la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación, y compulsaron los sobres cerrados de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios”.

En cuanto al expediente administrativo que se abrió en el Consejo de la Magistratura, su titular Horacio Rosatti remitió las actuaciones a los Auditores del Poder Judicial de la Nación, para que inicien un sumario interno.

De los primeros informes se desprende que en la puerta de la oficina intrusada se observaron manchas oscuras cercanas a la cerradura, un tornillo salido de una de ellas y la tapa de la caja térmica para luz de la cocina, abierta y con las llaves térmicas levantadas.

En cuanto a los videos de vigilancia, al ser consultada la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura detalló que el sistema estuvo interrumpido desde el jueves 16 hasta el miércoles 22 de junio.

El malestar de los jueces

Estos hechos despertaron malestar en los Tribunales. Ninguno está complacido con una eventual exposición de sus declaraciones patrimoniales, pero sobre todo advierten que se trata de un mensaje mafioso al dejar todas las evidencias del operativo de espionaje.

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresaron su estupor por el ingreso a la sede del Consejo de la Magistratura para revisar las declaraciones juradas de los jueces que intervienen en causas de relevancia para la Nación.

Consideraron que esos documentos no solo contienen información sensible sobre los jueces, sino también de sus familiares. El presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, insistió en que quienes están detrás de todo este asunto, no pretendían ocultarlo.

Aunque parte de la información de la documentación es pública, está reglamentado que cualquiera que desee tener acceso, primero debe registrarse.

Tanto afectados como investigadores señalan que el daño ya está hecho. Creen que los intrusos tomaron fotos de los documentos y se robaron información reservada, que contiene detalles como domicilios, número de cuentas bancarias, o patrimonio familiar.