En los pasillos de la Justicia se mantiene la incógnita acerca de cuál será la actitud de la Corte Suprema a partir de este lunes, que es el primer día hábil después de que el Consejo de la Magistratura quedara suspendido en sus funciones.
En los pasillos de la Justicia se mantiene la incógnita acerca de cuál será la actitud de la Corte Suprema a partir de este lunes, que es el primer día hábil después de que el Consejo de la Magistratura quedara suspendido en sus funciones.
Es que el fallo que amplía la conformación del organismo, encomendando su presidencia al titular del Máximo Tribunal, también expresa que los nuevos miembros iniciarán y concluirán su mandato “de manera conjunta y simultánea”, aunque señala “con excepción del presidente”.
Por un lado, está claro que la sentencia se refiere a que los consejeros renuevan cada 4 años, menos el representante de la Corte que tiene un cargo vitalicio. Pero la duda es si en esta etapa de transición, el juez Horacio Rosatti esperará a que todos los estamentos elijan a sus delegados o asumirá esta misma semana.
Sobre este aspecto, A24.com ya anticipó que fuentes ligadas al cuarto piso del Palacio de Tribunales rechazaron que el fallo de inconstitucionalidad ponga en jaque a la Justicia. Los cortesanos consideran que el oficialismo sobreactúa, aún cuando no se pronunciaron públicamente sobre el reglamento administrativo de emergencia que votó el plenario del Consejo en su último día.
En diciembre del año pasado, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley que regulaba que la composición del Consejo fuera de 13 miembros, y ordenó que antes del 15 de abril elevara a 20 la cantidad de integrantes.
Durante los 120 días de plazo que tenía el Consejo para adecuarse al fallo, los jueces y los abogados eligieron a sus representantes. Sin embargo, todavía no está resuelto quienes se sumarán por el mundo académico y por el Poder Legislativo.
Para colmo, la elección de delegados del Congreso quedó bloqueada por una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal 2 de Paraná, haciendo lugar al reclamo del diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto.
En cuanto al nuevo consejero/a por los universitarios, por más que la elección está prevista para este mismo lunes 18, resta por verse qué sucederá con una medida cautelar planteada por la Asociación de Profesores Universitarios de Buenos Aires, pidiendo que se reponga la elección directa de sus representantes y se priorice la paridad de género postulando a una mujer.
En conclusión, hasta que no estén todos los elegidos no podrán jurar los nuevos consejeros. Sin adecuarse, el Consejo de la Magistratura pierde la capacidad de nombrar y sancionar jueces, y definir cuestiones operativas que requieran el respaldo del plenario.
Mientras persisten las dudas sobre lo que hará el presidente de la Corte Suprema, el Consejo aprobó el reglamento transitorio para habilitar el funcionamiento administrativo de la Justicia. Depositó las "facultades mínimas de gestión administrativa” en su actual presidente, Alberto Lugones (eventual vicepresidente si asume Rosatti). Lo avalaron 7 consejeros alineados con el oficialismo; 5 de la oposición votaron en contra.
Entonces, Lugones concentra provisoriamente la responsabilidad de ejecutar lo necesario para la asistencia y soporte material de los tribunales, gestión del personal, licencias, inicio de actuaciones disciplinarias y asignación de los asuntos a las diferentes comisiones del Consejo al sólo efecto de registrarlas, pues no podrán ser tratadas ni resueltas.
Además, todas las oficinas de la administración seguirán funcionando hasta que el Consejo quede integrado.
Pero el nombramiento de magistrados también quedó paralizado, por lo que en la última sesión del plenario resolvieron enviar a la comisión de labor del Consejo todos los concursos en trámite de jueces nacionales y federales. Tanto oficialismo como oposición coincidieron que para superar el atolladero que congeló las tareas fundamentales del Consejo. La solución sería que el Congreso se ponga de acuerdo para aprobar una nueva Ley Orgánica.
Cuando se puso en consideración del plenario, el borrador del reglamento provisorio de funcionamiento del Consejo, la oposición que tenía previsto apoyar, terminó anunciando su voto negativo.
Al parecer habían recibido señales desde la Corte acerca de su voluntad de impedir que se restrinja la tarea de los tribunales, teniendo en cuenta que “el Consejo de la Magistratura hizo todo lo necesario para cumplir su sentencia”.
El consejero Diego Marías explicó su rechazo diciendo que “no es prudente avanzar sino esperar a que actúe la Corte porque es la cabeza del Poder Judicial, y lo hará más temprano que tarde”. El presidente del Consejo, Alberto Lugones, le respondió que debían aprobar el reglamento porque “los funcionarios tienen que seguir trabajando y seguir cobrando".
Con todo, la pregunta inmanente sería qué podría suceder si esta misma semana asume en la presidencia del organismo el actual titular de la Corte, Horacio Rosatti: ¿permitirá el Máximo Tribunal que se mantenga vigente el reglamento que delega en la persona de Lugones la administración transitoria del Consejo?
El cumplimiento del dictamen que obliga a conformar un Consejo de la Magistratura con 20 miembros enfrenta una nueva dificultad que reside precisamente en otra medida judicial. Se trata de una cautelar dispuesta por el Juzgado Federal 2 de Paraná, haciendo lugar al reclamo del diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, que ordenó al Congreso no designar sus representantes ante el Consejo.
En consecuencia, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió al Máximo Tribunal que anule esa decisión porque representa un alzamiento inadmisible contra su fallo de inconstitucionalidad.
Lo cierto es que los jueces de la Corte podrían tratar el tema durante la reunión de acuerdo del martes próximo.
Recordemos que el Colegio de Abogados es el mismo que presentó la demanda que derivó en todos los cambios que pusieron en juego el trabajo del Consejo.
