El edificio de Comodoro Py, sede de los Tribunales Federales.
Se acerca el final del año 2021, con un anuario que incluye la pelea inconclusa entre el poder judicial y el ejecutivo, y una serie de investigaciones, procesamientos, condenas, sobreseimientos y liberaciones, que podrían marcarse como parte de un debate interminable sobre si lo que sucede en Tribunales es una muestra de la politización de la justicia, o es la política la que judicializa sus enfrentamientos.
La batalla con el gobierno arribó a la Corte, cuando el ministro Martín Soria se plantó ante sus miembros para expresarles su “preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la mesa judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.
Los cortesanos casi no hicieron comentarios, y una semana después dictaminaron la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, ordenando que en 120 días corridos quede reestructurado con 20 integrantes, encabezados por el Presidente de la Corte, o de lo contrario todos los actos dictados a partir de esa fecha serán nulos.
En este sentido, el presidente del Consejo, Diego Molea, consideró que es de cumplimiento imposible, aunque agotaran todas las instancias para hacerlo. Dedicados a encontrar acuerdos para la selección de nuevos consejeros, quedaron postergados los concursos para definir nuevos magistrados en juzgados clave de Comodoro Py.
A su vez, el presidente Alberto Fernandez, envió al Congreso un proyecto para llevar a 17 la representación en este grupo colegiado, que se ocupa de seleccionar a los postulantes a jueces, ejerce facultades disciplinarias para sancionar o remover magistrados, y, administra el presupuesto de justicia.
Este no fue el único revés del gobierno ante el Máximo Tribunal. Un caso que resultó desfavorable para Casa Rosada se dió cuando la Corte resolvió a favor de la presencialidad en las clases en la ciudad de Buenos Aires, marcando la diferencia en la política de educación en medio de las restricciones por la pandemia.
Otra instancia sobresaliente en la agenda fue cuando se juntaron a renovar autoridades. Con el juez Ricardo Lorenzetti ausente, designaron a Horacio Rosatti como nuevo titular, con el voto de Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y el propio Rosatti.
Unos días más adelante, Elena Highton de Nolasco tomó la determinación de retirarse pues consideró que la Corte estaba atravesando un “fin de ciclo”. De este modo, dejó una vocalía vacante y la Corte quedó con todos los jueces varones.
Como sea, los embates entre Nación y Justicia comenzaron mucho antes, con una fecha fundamental, cuando el 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández lo describió como “el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano” y pidió al Congreso que trate “una demanda impostergable”: reformar el sistema y controlar a jueces y fiscales. Aunque de todas estas iniciativas no se concretó ninguna.
A los pocos días, renunció quien era en ese momento la ministra de justicia Marcela Losardo, en los tribunales reconocida como “dialoguista”. Detrás de ella asumió Soria, presentado como un hombre para construir consensos, pero que muchos en el fuero federal lo observaron como un soldado que llegaba con la intención de disciplinamiento.
Las discusiones entre ambos poderes comprendieron también la designación del Jefe de los fiscales, puesto ocupado en forma interina por Eduardo Casal. El gobierno había postulado a Daniel Rafecas, pero mientras por un lado no logró conseguir el respaldo en el Senado, avanzó con la idea de modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, reduciendo la cantidad de votos necesarios para la designación del Procurador general, de dos tercios a la mitad más uno.
El oficialismo quería sacar del medio a Casal, y acusó a la oposición de intentar mantenerlo al frente del Ministerio Público para proteger a su líder Mauricio Macri. Por su lado, Rafecas advirtió que si cambiaban la Ley orgánica, él se bajaba de la postulación.
En paralelo, varios escándalos golpearon a funcionarios de la coalición peronista. Los más relevantes fueron el Vacunatorio VIP y La Fiesta de Olivos.
El expediente que investiga si hubo delito al saltarse en la fila para inmunizarse contra el Covid-19, cuando aún faltaban dosis, dejó afuera del Gabinete a Ginés González García, aunque en lo que va del proceso no fue llamado a indagatoria. La pesquisa alcanza ahora a la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti y a los funcionarios que aún continúan en el equipo.
El denominado Olivos Gate, después de varias semanas en Comodoro Py, terminó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli. La causa se inició al quedar al descubierto una foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, que se celebró en la Residencia presidencial, con invitados sin barbijo, en pleno periodo de cuarentena estricta. Alberto Fernández dejó expirar los plazos para una posible apelación reclamando la inexistencia de delito, y seguirá la investigación.
Hubo otros alborotos que le pegaron a miembros de la justicia y de la oposición, y derivaron en más sumarios. Se basaron en las revelaciones sobre las visitas de jueces y fiscales claves de Comodoro Py a la Casa Rosada y a la Residencia de Olivos, durante la gestión de Mauricio Macri.
El juez de Casación federal Gustavo Hornos fue denunciado en Tribunales y en el Consejo de la Magistratura por visitar 6 veces la Casa de Gobierno. Su colega Mariano Borinsky, y el fiscal de la Cámara Raúl Plee, también fueron acusados de visitar la Quinta de Olivos. Ninguno de los funcionarios judiciales mencionados negó estos encuentros, aunque lo atribuyeron a reuniones sociales, deportivas o relacionadas con la elaboración del proyecto de reforma del Código Penal.
Con documentación aportada por varios ministerios, se abrió una hipótesis que aún está en averiguación, sobre sospechas de contrabando de armamento antidisturbios a Bolivia a través de un avión Hércules C-130 en noviembre del 2019.
Los investigadores quieren saber si las armas fueron trasladadas a la sede diplomática en La Paz o se desviaron para que sean utilizadas en la represión del pueblo boliviano. Quedaron imputados entre otros: Mauricio Macri, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su ministro de Defensa, Oscar Aguad.
Los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández también tuvieron que defenderse en Tribunales. Macri acumuló procesos relacionados con la presunta mesa judicial y el espionaje ilegal. De todos ellos quedó procesado en el único donde fue llamado a indagatoria. Se trata del caso que afectó a los familiares de las víctimas del Ara San Juan.
En la Cámara federal de Mar del Plata tramitan dos reclamos de la defensa del ex presidente, que consisten en la recusación del juez federal de Dolores, Juan Bava; y la apelación al procesamiento, argumentando que el dictamen contra Macri fue elaborado por un "escritor fantasma".
De todos modos, Macri termina el año con algunos fallos a su favor, porque la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos por supuesta asociación ilícita en las causas de espionaje de Dolores, y convalidó la teoría de que se trató de acciones de cuentapropismo. La reacción de Cristina Fernández no demoró y lanzó un tweet con la frase “Regalitos de Navidad para Macri y su pandilla”.
Por otra parte, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal remitió a Comodoro Py el expediente del grupo de espías “Super Mario Bros” que estaba en Lomas de Zamora. Los magistrados aseguraron que el expediente debe tramitar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque es el distrito en el cual se habrían cometido buena parte de los delitos investigados.
Con respecto a la vicepresidenta Cristina Fernández el balance resultó mejor, logrando tres sobreseimientos sin llegar a celebrar las audiencias de juicio oral. Por inexistencia de delito consiguió el cierre de Dólar Futuro, Memorándum con Irán, y, Los Sauces y Hotesur.
Las etapas de apelación llevarán a que sea la Corte Suprema la que deje firme o revoque estas sentencias, algo que podría volcar cualquier resultado dependiendo de las posibles reformas o cambios de nombres que consiga aplicar el gobierno nacional, por ahora sin consensos.
Otro juicio que sobreseyó a procesados “K” fue Oil Combustibles. El Tribunal Oral Federal 3 condenó al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por defraudación al Estado en el otorgamiento de planes de pago, pero absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En el 2021 consiguieron la libertad condicional exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción. El último fue el exsecretario de transporte Juan Pablo Schiavi, quien cumplió las dos terceras partes de su pena por la Tragedia de Once. El exsecretario de Obras Públicas, José López, condenado en la causa de Los Bolsos, logró salir bajo fianza, aunque permanece bajo la tutela del Programa de imputados protegidos. El exvicepresidente Amado Boudou, condenado por Ciccone.
Tenía prisión domiciliaria desde el inicio de la pandemia, y obtuvo la libertad condicional. Finalmente, Luis D’Elía logró el mismo beneficio en la causa por la toma de la comisaría de La Boca. Así las cosas, el único exfuncionario de los Kirchner que queda en la cárcel es Ricardo Jaime.
