La eventual coincidencia de las elecciones presidenciales con las locales en PBA y CABA plantea un desafío logístico por la combinación de la Boleta Única de Papel, las boletas partidarias y el sistema electrónico.
La eventual coincidencia de las elecciones de Buenos Aires y CABA con las presidenciales de 2027 encendió las alarmas por la magnitud del operativo electoral. (Foto: archivo).
La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realicen sus elecciones locales el mismo día que las presidenciales de 2027 encendió las alarmas en la Justicia Electoral Nacional. La principal preocupación pasa por la magnitud del operativo que exigiría administrar, en una misma jornada, distintos sistemas de votación en los dos distritos que concentran casi la mitad del padrón argentino.
La eventual concurrencia obligaría a coordinar la distribución de urnas y materiales, la seguridad de los establecimientos, la capacitación de las autoridades de mesa y los procedimientos de escrutinio. Según estimaciones basadas en la infraestructura utilizada durante los comicios de 2025, el despliegue podría involucrar cerca de 96.000 urnas entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, aunque la cifra no constituye una previsión oficial para 2027.
El peso electoral de ambas jurisdicciones explica la dimensión del desafío. En las elecciones nacionales de octubre de 2025, Buenos Aires tenía 13.353.974 ciudadanos habilitados para votar, equivalentes al 37,1% del padrón nacional. La Ciudad sumaba otros 2.520.249 electores, cerca del 7%. En conjunto, reunían 15.874.223 votantes, el 44,1% de los 35.987.634 ciudadanos habilitados en todo el país.
El universo que deberían administrar las autoridades locales sería todavía mayor si se incluyen los extranjeros residentes, que pueden votar en elecciones provinciales, municipales o porteñas, pero no en las nacionales.
La principal dificultad para la Justicia Electoral Nacional no sería únicamente la cantidad de votantes, sino la necesidad de organizar procedimientos diferentes en paralelo.
Para elegir presidente, vicepresidente, diputados y, en los distritos correspondientes, senadores nacionales, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), estrenada en las elecciones legislativas de 2025.
En la provincia de Buenos Aires, si no se modifica la legislación vigente, los ciudadanos elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares mediante el sistema tradicional de boletas partidarias.
En la Ciudad, en cambio, se utilizaría la Boleta Única Electrónica para elegir jefe y vicejefe de Gobierno, legisladores y miembros de las juntas comunales, siempre que se mantenga el mecanismo aplicado en los últimos comicios locales.
La convivencia de estos sistemas exigiría definir cómo circularán los electores dentro de los establecimientos, qué espacios se destinarán a cada procedimiento y cómo se coordinarán las autoridades nacionales y locales. También habría que prever urnas separadas, documentación diferenciada y mecanismos específicos para el cierre de las mesas y el recuento de votos.
La experiencia de 2023 en la Ciudad constituye un antecedente relevante. En las PASO del 13 de agosto, los porteños votaron en los mismos establecimientos y el mismo día para cargos nacionales, con boletas partidarias de papel, y para cargos locales, mediante máquinas electrónicas. Las fallas de los dispositivos y las demoras generaron cuestionamientos de la jueza federal María Romilda Servini y motivaron la intervención de la Cámara Nacional Electoral.
En las elecciones generales del 22 de octubre de ese año se modificó el procedimiento y se utilizaron boletas partidarias de papel para ambas jurisdicciones, depositadas en una misma urna. Si Jorge Macri decide convocar a elecciones concurrentes en 2027 y mantiene el sistema electrónico local, volverían a coexistir mecanismos distintos, esta vez con la BUP para los cargos nacionales.
La magnitud del operativo también se refleja en la infraestructura que se utilizó durante los últimos comicios En las elecciones nacionales de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires tuvo 38.760 mesas distribuidas en 6.487 establecimientos. En los comicios provinciales de septiembre se habilitaron 41.189 mesas, incluidas 2.401 para extranjeros, en 6.934 establecimientos.
Si ambas estructuras se toman como referencia y se mantiene una urna por mesa para cada jurisdicción, el despliegue bonaerense podría rondar las 80.000 urnas. Se trata de una proyección logística, no de una estimación definitiva: el número dependerá de cómo se distribuyan las mesas y se organicen los circuitos de votación.
En CABA, las elecciones nacionales de octubre de 2025 requirieron 7.284 mesas, mientras que los comicios locales de mayo habían utilizado 8.825, incluidas las destinadas a extranjeros. La suma de ambas estructuras permite calcular una referencia de aproximadamente 16.000 urnas.
Las máquinas electrónicas porteñas no reemplazan a las urnas físicas. Los votantes utilizan los dispositivos para emitir e imprimir sus boletas y luego las depositan en una urna. En mayo de 2025 se dispusieron alrededor de 14.000 dispositivos electrónicos, además de las mesas receptoras.
La combinación de las estructuras utilizadas en ambos distritos durante 2025 permite dimensionar un operativo potencial de unas 96.000 urnas. La cifra, sin embargo, podría variar según el diseño definitivo de los comicios.
La logística incluiría el traslado, la custodia y la distribución de materiales de distintas jurisdicciones, además del despliegue de personal y fuerzas de seguridad. En Buenos Aires, el operativo abarcaría los 135 municipios; en la Ciudad, también sería necesario garantizar la instalación, el funcionamiento y el soporte técnico de las máquinas electrónicas.
La organización demandaría coordinación entre la Justicia Electoral Nacional, las autoridades locales, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y las fuerzas que integran el Comando General Electoral. Para los jueces electorales, la duplicación de procedimientos podría extender los tiempos de votación y multiplicar las exigencias operativas, en particular si las mismas autoridades deben administrar sistemas diferentes.
La advertencia judicial se produce mientras los gobiernos bonaerense y porteño mantienen abiertas las definiciones sobre las fechas de sus elecciones.
El gobernador Axel Kicillof analiza realizar los comicios provinciales el mismo día que los nacionales si el Gobierno de Javier Milei no consigue suspender las PASO. La alternativa está vinculada con las negociaciones internas del peronismo y con la posibilidad de utilizar las primarias para resolver las candidaturas presidenciales y la sucesión bonaerense.
En 2025, Kicillof decidió desdoblar las elecciones legislativas provinciales, una medida que provocó tensiones con el kirchnerismo. Para 2027, la definición estará condicionada por la legislación vigente: el artículo 2 de la Ley bonaerense 14.086 establece que, cuando el Gobierno nacional convoque a elecciones primarias, las PASO provinciales deberán realizarse el mismo día.
La obligación alcanza a las primarias, pero no a las elecciones generales. La fecha de los comicios provinciales definitivos es una facultad del gobernador dentro del marco legal vigente. Si se mantienen las PASO nacionales, las bonaerenses deberán coincidir, salvo una modificación legislativa. Si las primarias nacionales se suspenden, las provinciales no desaparecen automáticamente y Buenos Aires deberá resolver su situación según su propia normativa.
La Ciudad también podría llegar a convocar a elecciones porteñas el mismo día que las presidenciales. La definición política sobre el calendario se adoptaría entre febrero y marzo de 2027.
Para entonces también podría estar más claro si el PRO y La Libertad Avanza alcanzan un acuerdo electoral o compiten por la conducción de la Capital. La legislación porteña exige convocar formalmente a las elecciones generales con una anticipación mínima de 185 días.
Mientras Buenos Aires y CABA mantienen abiertas sus opciones, la tendencia predominante entre las provincias es establecer calendarios separados de las elecciones presidenciales.
Tucumán y Santa Fe ya anunciaron fechas para sus comicios locales de 2027. El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, fijó el 9 de mayo para las elecciones provinciales. En Santa Fe, Maximiliano Pullaro anticipó que las PASO serán el 18 de abril y las generales el 13 de junio, aunque todavía resta formalizar la convocatoria.
Otros mandatarios también comunicaron decisiones o intenciones de desdoblar. Gustavo Sáenz, en Salta, trabaja con la posibilidad de votar en mayo; Hugo Passalacqua, en Misiones, prevé convocar durante el primer semestre; e Ignacio Torres, en Chubut, anticipó que los comicios provinciales se realizarán en una fecha distinta de la nacional, aunque todavía no precisó el día.
En Corrientes, Juan Pablo Valdés se inclina por separar las elecciones legislativas provinciales. Alberto Weretilneck, en Río Negro, también anticipó ese camino, mientras que Rolando Figueroa, en Neuquén, contempla mantener un calendario propio. En Mendoza, Alfredo Cornejo trabaja con las fechas establecidas por el régimen provincial.
Chaco y Tierra del Fuego tienen condicionamientos legales que llevan sus elecciones locales a fechas diferentes de la presidencial. Jujuy también se encamina hacia un desdoblamiento, mientras que Entre Ríos, Córdoba y San Juan continúan evaluando sus alternativas.
Catamarca constituye, hasta ahora, la excepción más clara. El gobernador Raúl Jalil confirmó que las elecciones provinciales de 2027 coincidirán con las nacionales del 24 de octubre y comunicó su decisión al Gobierno nacional.
A la discusión sobre los calendarios provinciales se suma la decisión pendiente sobre las primarias nacionales. El Gobierno de Javier Milei mantiene entre sus prioridades legislativas la suspensión de las PASO, pero todavía no tiene garantizados los votos necesarios en el Congreso. Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados continúan abiertas, mientras distintos sectores de la oposición defienden la continuidad del sistema.
La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de aprobar los cambios al régimen electoral con suficiente anticipación. En la Justicia Electoral consideran que la definición debería producirse antes del 31 de diciembre de 2026 para organizar el cronograma de 2027 con reglas claras.
La postura responde a las exigencias de planificación de una elección presidencial, que incluye la confección de padrones, la contratación de servicios, la adquisición de materiales, la capacitación de las autoridades de mesa, la distribución de establecimientos y la preparación de los procedimientos de escrutinio.
La Justicia Electoral advierte que la previsibilidad normativa resulta indispensable, especialmente si la organización de los comicios debe afrontar al mismo tiempo nuevos desafíos logísticos en los dos distritos de mayor peso electoral.
