“En un operativo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales se logró localizar al menor. Su padre fue arrestado y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia”, informaron oficialmente desde el área de Seguridad provincial, acompañando el comunicado con imágenes del procedimiento policial que permitió capturar a Santos Regis.
El hallazgo cerró una etapa de desesperación, pero abrió otra aún más profunda en términos judiciales, debido a las múltiples imputaciones que ahora enfrenta el acusado. Además de la causa vinculada a la desaparición del niño, el hombre ya estaba comprometido en investigaciones por un tiroteo y tentativa de homicidio contra Julio Javier Nieva, sumado a antecedentes por violencia familiar.
De esta manera, la situación procesal de Santos Regis se agravó notablemente, mientras la Justicia analiza si existió una estructura de apoyo para facilitar su desplazamiento y ocultamiento.
Uno de los puntos más delicados de la investigación fue la aparición del abogado José Codazzi como figura central dentro de los movimientos previos a la desaparición. El letrado ya era conocido públicamente por haber representado a Laudelina Peña, tía de Loan Peña, en una causa que sacudió a Corrientes y al país entero.
Las cámaras de seguridad permitieron detectar que Regis y el niño estuvieron en el estudio jurídico de Codazzi antes de desaparecer. Este dato provocó una inmediata reacción judicial y derivó en la detención preventiva del abogado.
La implicación de un profesional del derecho en un episodio de esta magnitud generó un nuevo escándalo institucional, especialmente por los antecedentes mediáticos del letrado y por las dudas sobre el verdadero alcance de su participación.
Según su propia declaración, Codazzi reconoció haber trasladado al padre y al niño en su vehículo particular desde la ciudad de Esquina hasta la localidad de San Isidro. Esta confesión resultó clave para orientar la búsqueda hacia nuevas zonas rurales.
Gracias a esa información, las fuerzas de seguridad lograron localizar a Nahuá y a su padre en un camino de tierra del paraje El Duraznillo, una región ubicada a unos 50 kilómetros de Goya. El aislamiento geográfico del lugar reforzó las sospechas de una maniobra premeditada para evitar la detección inmediata.
Tras conocerse estos detalles, la camioneta del abogado fue secuestrada para ser sometida a peritajes técnicos y criminalísticos, con el objetivo de determinar si existieron más elementos vinculados a una posible red de encubrimiento o colaboración.
Mientras tanto, el testimonio de Mariana, madre del menor, sumó una fuerte carga de denuncia política y social. La mujer sostuvo que el padre de su hijo se encontraba en situación migratoria irregular y que había solicitado reiteradamente su deportación, aunque —según afirmó— nunca obtuvo respuestas efectivas por parte de las autoridades.
Sus declaraciones pusieron en discusión la eficacia de los organismos responsables de controlar situaciones legales de extranjeros con antecedentes conflictivos. Para muchos sectores, el caso expuso fallas estructurales que podrían haber facilitado el desenlace.
“Pedí ayuda, advertí lo que podía pasar, pero nadie actuó”, sostuvo la madre en declaraciones que reflejaron su frustración y dolor.
La intendenta de San Isidro, Vilma Ojeda, también aportó datos relevantes al asegurar que diversos testimonios señalaban que el padre y el niño habrían pasado la noche en una vivienda particular de la zona, propiedad de un hombre cuya identidad no fue revelada oficialmente.
Este dato abre nuevas líneas investigativas para determinar si hubo terceros que brindaron refugio, asistencia logística o colaboración consciente durante las horas críticas.
La causa se transformó así en mucho más que una búsqueda infantil: pasó a ser un expediente complejo con ramificaciones penales, institucionales y políticas.
La participación de figuras ya vinculadas a investigaciones sensibles, sumada a la gravedad de los antecedentes del principal acusado, convirtió el caso en un foco de preocupación para toda la región.
En Corrientes, donde la desaparición de Loan Peña aún permanece como una herida abierta, el episodio de Nahuá reavivó temores sociales profundos y reactivó cuestionamientos sobre la capacidad estatal para prevenir situaciones de riesgo que involucran a menores.
La recuperación con vida del niño fue celebrada como un desenlace positivo, pero el trasfondo dejó expuestas múltiples alarmas: violencia familiar no contenida, presuntas fallas judiciales, denuncias previas desoídas y posibles redes de protección.
Ahora, la prioridad judicial será esclarecer hasta qué punto existió planificación, colaboración externa o negligencia institucional en el proceso que llevó a la desaparición temporal del menor.
El expediente promete avanzar sobre varios frentes simultáneos: las responsabilidades penales directas del padre, el posible rol del abogado, la eventual participación de terceros y la actuación previa de organismos estatales.
En paralelo, especialistas en protección de la infancia advierten que este tipo de casos obliga a revisar protocolos de intervención temprana cuando existen antecedentes de violencia y conflictos parentales severos.
La historia de Nahuá Santos Riquelme, aunque terminó con un alivio parcial, deja una marca inquietante en Corrientes. Su aparición sana y salva evitó una tragedia mayor, pero el caso expuso una cadena de hechos preocupantes que podrían haber derivado en consecuencias irreversibles.
El desafío ahora será transformar este episodio en un punto de inflexión para fortalecer mecanismos de prevención, protección infantil y respuesta judicial efectiva, evitando que nuevas alertas sean ignoradas hasta que la desaparición de un niño vuelva a convertirse en noticia nacional.
