Por su parte, otro de los abogados vinculados al caso, Martín Díaz, sintetizó el resultado del procedimiento de manera tajante: “Dio negativo”, confirmando que, al menos por el momento, no surgieron novedades materiales que modifiquen el curso de la investigación.
El allanamiento ocurrió en vísperas de cumplirse un año del hallazgo que reactivó el expediente y sacudió a la opinión pública. Fue en mayo del año pasado cuando obreros que realizaban tareas en un jardín lindero encontraron restos humanos enterrados, dando inicio a una nueva etapa judicial para esclarecer una desaparición ocurrida hace más de 40 años.
El descubrimiento cambió por completo la historia de un expediente que durante décadas permaneció prácticamente olvidado. Gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se analizaron 151 fragmentos óseos recuperados del lugar, permitiendo identificar que pertenecían a Diego Fernández Lima, quien había desaparecido cuando tenía apenas 16 años.
Los estudios determinaron además un dato estremecedor: el joven murió producto de una herida de arma blanca en el pecho, descartando teorías previas y confirmando que se trató de una muerte violenta.
La investigación sostiene que los restos fueron enterrados a aproximadamente 60 centímetros de profundidad en una propiedad ubicada sobre Avenida Congreso, muy cerca del entorno en el que se produjo su desaparición.
La historia de Diego Fernández Lima comenzó el 26 de julio de 1984. Ese día, luego de almorzar con su madre, el adolescente fue visto por última vez en la intersección de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza. Su destino era la ENET N°36 “Almirante Brown”, donde estudiaba, pero nunca llegó a clases.
La desaparición generó desesperación en su familia, que realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 39. Sin embargo, en un contexto donde muchos casos similares eran tratados con escasa profundidad, la causa fue archivada bajo la hipótesis de una presunta “fuga de hogar”.
Durante años, esa clasificación resultó devastadora para sus padres, quienes nunca dejaron de buscar respuestas. La falta de avances convirtió el caso en una herida abierta que parecía destinada a quedar impune.
Pero el hallazgo de restos humanos más de cuatro décadas después permitió que la Justicia revisara el expediente y reformulara completamente la investigación.
En octubre de 2025, un fallo de primera instancia había dispuesto el sobreseimiento del principal acusado debido a la prescripción del delito, argumentando el paso del tiempo como obstáculo legal. Sin embargo, esa resolución fue revertida semanas después por la Cámara Nacional de Apelaciones, que anuló el cierre del caso y ordenó continuar con el proceso.
Ese giro judicial reactivó una investigación histórica y llevó a modificar la carátula del expediente. Actualmente, el fiscal a cargo sostiene que se trató de un homicidio simple, una figura penal mucho más grave que mantiene abiertas nuevas líneas de acción.
La defensa de Cristian Graf rechaza categóricamente las acusaciones y sostiene su inocencia. Según sus representantes legales, el imputado no tuvo participación en el crimen ni en maniobras de encubrimiento.
“Vamos a demostrar que Graf no ocultó pruebas, no destruyó evidencia y no cometió ningún asesinato”, afirmaron sus abogados, en una estrategia orientada a desacreditar la nueva acusación.
Mientras tanto, la fiscalía encabezada por López Perrando continúa profundizando pericias, testimonios y análisis forenses para intentar determinar responsabilidades concretas en un caso marcado por décadas de silencio.
La complejidad del expediente no solo radica en el tiempo transcurrido, sino también en la necesidad de reconstruir hechos ocurridos hace más de 40 años, en un escenario donde muchas pruebas desaparecieron y numerosos testigos pueden haber fallecido o perdido precisión en sus recuerdos.
Cada nuevo procedimiento, como el allanamiento realizado este lunes, representa una oportunidad crucial para avanzar en la búsqueda de la verdad. Aunque el operativo no haya arrojado resultados positivos, la investigación sigue activa y la expectativa de obtener justicia permanece intacta.
Para la familia de Diego Fernández Lima, cada paso judicial representa una mezcla de esperanza y dolor. El reconocimiento oficial de que el adolescente no huyó, sino que fue víctima de un crimen, reescribe una historia marcada por la indiferencia institucional.
El caso también vuelve a poner en debate cómo muchas desapariciones ocurridas en décadas anteriores fueron tratadas con escasa perspectiva investigativa, dejando a familias enteras atrapadas en años de incertidumbre.
Hoy, el nombre de Diego Fernández Lima vuelve a ocupar un lugar central en los tribunales argentinos, no como un expediente olvidado, sino como símbolo de una verdad largamente postergada.
Aunque el reciente allanamiento no aportó nuevos restos ni pruebas contundentes, el expediente continúa avanzando con nuevas medidas procesales, apelaciones y estrategias legales tanto de la fiscalía como de la defensa.
La sociedad observa con atención el desarrollo de una causa que expone cómo el paso del tiempo no necesariamente borra la necesidad de justicia. Por el contrario, en ocasiones, la persistencia de las familias y los avances científicos pueden devolver voz a víctimas silenciadas durante generaciones.
A más de 40 años de la desaparición de Diego Fernández Lima, la investigación sigue escribiendo capítulos decisivos. La resolución definitiva aún parece lejana, pero cada nueva actuación judicial mantiene viva la posibilidad de esclarecer uno de los crímenes más impactantes de la historia criminal porteña.
