Por su parte, la familia de Corina Fadel denunció que fue víctima de torturas y violencia física por parte de comerciantes en la Avenida Petrolera, donde fue interceptada. Aseguran que fue agredida sin posibilidad de defensa y piden garantías para su integridad mientras esté bajo custodia del sistema penitenciario boliviano.
La mujer fue señalada como parte de una organización delictiva que opera a ambos lados de la frontera entre Argentina y Bolivia. Mientras tanto, las imágenes del violento episodio siguen circulando y generando debate sobre la justicia por mano propia y el trato a ciudadanos extranjeros acusados de delitos en territorio limítrofe.
Investigación sobre vínculos narco y bandas transfronterizas
La Justicia boliviana no solo investiga el robo por el cual fue detenida Fadel, sino también su posible vínculo con una banda tucumana que operaría de forma regular en la zona fronteriza, cruzando entre Argentina y Bolivia para cometer delitos. Entre las hipótesis que maneja la fiscalía se encuentra la presunta pertenencia de la mujer al clan Fadel, un grupo que habría cometido múltiples robos en Bolivia y regresado impunemente al país.
Las autoridades también sospechan que la organización tendría conexiones con el traslado de estupefacientes, por lo que no se descarta que la causa avance hacia delitos de mayor gravedad. En ese contexto, la justicia analiza los movimientos de la mujer y su eventual rol dentro de esa estructura delictiva.
En paralelo, la situación fronteriza volvió a quedar en el centro del debate. A pesar de la implementación del Plan Güemes, que prevé mayores controles en pasos limítrofes y la instalación de cercos para impedir cruces ilegales, las autoridades reconocen que la porosidad en sectores no vigilados sigue siendo un problema. El flujo constante de personas facilita el ingreso y salida sin controles, lo que complica el combate a estas organizaciones.