Para salir del país el golfista debía solicitar autorización judicial y, presuntamente, tampoco cumplió con ese requisito, informaron a Télam fuentes de la justicia provincial.
La causa que implica al golfista tuvo su desenlace en diciembre de 2016 cuando, según la instrucción del expediente, su expareja, la policía Torres Mana, lo denunció por "maltratos y golpes de puño en la cara".
Nayi relató que el fiscal Griffi envió un oficio a Interpol para que se "ubique y capture a Cabrera en el lugar en donde se encuentre y sea trasladado inmediatamente a la Argentina".
El letrado precisó que el golfista cordobés está a punto de enfrentar un proceso de enjuiciamiento, ante la Cámara Segunda del Crimen, en dos causas acumuladas por violencia de género en contra de su representada, una por "lesiones leves calificadas y amenazas", del 2017, y otra por "lesiones leves calificada y hurtos" del 2018.
Nayi afirmó que por las distintas maniobras judiciales para "evitar el juicio", el golfista representa un "riesgo procesal" y debe ser detenido, y agregó que el acusado "violó varias órdenes de restricciones" que se le habían impuesto durante la instrucción de la causa.
El domicilio de Cabrera fue allanado por orden judicial porque no se había presentado en la Justicia, tal como debía hacerlo con frecuencia, razón por el cual el fiscal Griffi emitió los oficios para que sea capturado porque "no podía salir del país sin autorización de la Justicia", aseveró en ese entonces el abogado Nayi.
El defensor del golfista, Miguel Gavier, había manifestado a los medios que cuando pueda, Cabrera volverá al país" y que no lo había hecho hasta el momento "porque no hay vuelos".
Fuente: Télam