Diego Santilli defendió las designaciones en la Auditoría General de la Nación: "Es potestad del Congreso"

Además, presentó una demanda en la que solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que habilitó la designación de nuevos auditores generales.

Pese a las críticas expresadas desde su propio espacio político, el ministro negó que el episodio implique una ruptura dentro del PRO y llamó a preservar la unidad. “Tenemos que seguir trabajando todos juntos, es lo que la sociedad nos pidió”, remarcó.

En paralelo, Santilli expresó su confianza en que el Senado avance con la aprobación del Presupuesto 2026 y destacó el impacto del orden fiscal en la economía. “El Gobierno sostienen el equilibrio fiscal que nos llevó a bajar la inflación, a crecer, y lo que en el Senado se defina es tener Presupuesto, que hace 3 años Argentina no lo tiene”, señaló.

“El objetivo es tener todo el paquete de medidas que el Presidente ha mandado al Congreso. Dimos un paso enorme y así lo ven reflejados los medios y los mercados”, concluyó.

Qué es la AGN y por qué importa tanto

La Auditoría General de la Nación fue creada tras la reforma constitucional de 1994 como órgano técnico de control externo, dependiente del Congreso. Su función central es auditar la gestión del Estado, evaluar el uso de fondos públicos y emitir informes sobre políticas públicas.

Tener un auditor propio implica incidir en la agenda de control, decidir qué se investiga y qué queda postergado. Para el PRO, perder esa silla significa perder capacidad de influencia en uno de los pocos organismos que pueden auditar al Poder Ejecutivo.

Según explicaron este lunes los periodistas Antonio Laje y Bernardo Vázquez en A24, detrás del conflicto por la AGN hay algo más profundo: la arquitectura de gobernabilidad del actual Gobierno. La Libertad Avanza no tiene mayorías propias en el Congreso y depende, para avanzar, de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. En ese esquema, el PRO dejó de ser el socio exclusivo y pasó a ser uno más dentro de un mosaico de negociaciones.

El nombramiento de Pamela Caletti es leído, en ese sentido, como un gesto hacia los gobernadores del norte, particularmente hacia Salta. Un movimiento que fortalece alianzas territoriales, pero rompe equilibrios políticos previos.

La denuncia presentada por Cristian Ritondo busca judicializar el conflicto. El planteo de inconstitucionalidad apunta a frenar los nombramientos y obligar a que el Congreso recupere su rol en la designación de auditores.