La decisión del Gobierno de avanzar con el nombramiento de auditores en la Auditoría General de la Nación sin un acuerdo amplio en el Congreso desató una presentación judicial por presunta inconstitucionalidad.
Qué es la Auditoría General de la Nación y por qué está en el centro de una disputa política. (Foto: archivo)
El sábado al mediodía, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, presentó ante la Justicia una denuncia de inconstitucionalidad por el nombramiento de tres auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN) realizado -según su planteo- a espaldas del Congreso y sin respetar los acuerdos políticos vigentes.
El eje del conflicto es la AGN, el principal organismo de control externo del Estado argentino, el que audita la ejecución del gasto público, evalúa políticas públicas y define qué áreas de la administración serán investigadas. Es quien decide qué se revisa, cuándo y con qué profundidad.
La controversia surgió entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando el Gobierno avanzó con el nombramiento de tres auditores sin convocar al pleno de la Cámara de Diputados ni consensuar con todos los bloques. Los designados fueron Ignacio Forlón, Pamela Caletti y Almada.
Según la lectura del PRO, el reparto rompió un esquema de equilibrio político previamente acordado. Tradicionalmente, la AGN se compone de siete auditores: cuatro designados por el Congreso y tres por el Senado, con la presidencia reservada para la oposición. En este esquema, una de las vacantes correspondía al kirchnerismo, otra a La Libertad Avanza y una tercera al PRO.
Ese tercer lugar estaba destinado, según los acuerdos previos, a Jorge Triaca, una figura de peso dentro del PRO. Sin embargo, esa silla terminó en manos de Pamela Caletti, dirigente cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz, en lo que desde el PRO interpretan como un pacto político entre el oficialismo y los gobernadores del norte, con el kirchnerismo como actor indirecto del acuerdo.
La Auditoría General de la Nación fue creada tras la reforma constitucional de 1994 como órgano técnico de control externo, dependiente del Congreso. Su función central es auditar la gestión del Estado, evaluar el uso de fondos públicos y emitir informes sobre políticas públicas.
Tener un auditor propio implica incidir en la agenda de control, decidir qué se investiga y qué queda postergado. Para el PRO, perder esa silla significa perder capacidad de influencia en uno de los pocos organismos que pueden auditar al Poder Ejecutivo.
Según explicaron este lunes los periodistas Antonio Laje y Bernardo Vázquez en A24, detrás del conflicto por la AGN hay algo más profundo: la arquitectura de gobernabilidad del actual Gobierno. La Libertad Avanza no tiene mayorías propias en el Congreso y depende, para avanzar, de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. En ese esquema, el PRO dejó de ser el socio exclusivo y pasó a ser uno más dentro de un mosaico de negociaciones.
El nombramiento de Pamela Caletti es leído, en ese sentido, como un gesto hacia los gobernadores del norte, particularmente hacia Salta. Un movimiento que fortalece alianzas territoriales, pero rompe equilibrios políticos previos.
La denuncia presentada por Cristian Ritondo busca judicializar el conflicto. El planteo de inconstitucionalidad apunta a frenar los nombramientos y obligar a que el Congreso recupere su rol en la designación de auditores.
