Luego del anuncio del régimen, la oposición cuestionó la constitucionalidad del DNU, pero desde Cambiemos insistieron en que no incide en materia penal, algo que el Poder Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta Magna.
El decreto debe ser ahora analizado por la comisión -integrada por ocho diputados y ocho senadores de diferentes fuerzas políticas- que es presidida por el kirchnerista por Santa Fe, Marcos Cleri, quien deberá convocar en los próximos días al cuerpo. El oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ y la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.
A través del decreto, se crea "una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos" previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.