Tras el receso de invierno se viene una agenda con veredictos, decomisos y nuevos juicios. ¿Quiénes son los que están esperando que un tribunal defina su futuro?
El cronograma judicial que definirá el futuro de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei
La agenda judicial de la segunda mitad del año colocará otra vez en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner, quién deberá afrontar los costos de su condena en Vialidad, volverá al banquillo de acusados en el juicio oral por Cuadernos, y recibirá novedades en otros procesos como Los Sauces y Hotesur, o Memorándum con Irán. Además, se acerca la fecha del veredicto en la causa Copitos por el atentado contra la exmandataria.
Otro de los protagonistas en los expedientes que tramitan en Comodoro Py es Alberto Fernández, que intentará revertir el procesamiento en el caso de los Seguros, mientras aguarda noticias sobre la elevación a juicio por violencia de género.
A la lista de temas principales relacionados con delitos federales se suman las causas que involucran a Javier Milei, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Julio De Vido, Andrea del Boca y un largo listado de empresarios entre quienes figuran Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, y Cristóbal López.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lleva más de un mes y medio presa en su casa de Constitución cumpliendo la condena de 6 años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones para obras de Vialidad en la provincia de Santa Cruz.
Por esta causa tiene plazo hasta las dos primeras horas del 13 de agosto para reintegrar al erario público casi 685 mil millones de pesos, que deberá depositar en forma solidaria junto con el resto de los sentenciados.
En caso de incumplimiento, el Tribunal Oral Federal 2 avanzará con el decomiso y remate de los bienes que se encuentran embargados. A nombre de Cristina Kirchner o transferidos a sus hijos por herencia figuran varios departamentos y cocheras en Puerto Madero y Recoleta, otras propiedades en Río Gallegos, hoteles en El Calafate y cerca de seis millones de dólares en cuentas bancarias y cajas de seguridad.
No obstante, Vialidad no es el único expediente activo contra la ex presidenta. En los próximos meses deberá defenderse en -al menos- tres juicios orales: Cuadernos, que comenzará con las audiencias el próximo 6 de noviembre; Los Sauces y Hotesur, que se encuentra en etapa de instrucción suplementaria; y Memorándum con Irán, cuyo tribunal en cualquier momento fijará fecha de inicio.
Sobre la causa del Memorándum los acusados son la exmandataria, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, Ramón Allan Bogado, Angelina Abbona, y Eduardo Alberto Zuain. Investiga un presunto pacto secreto para hacer caer las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA.
El caso de Los Sauces y Hotesur está conectado con la investigación de Vialidad porque la hipótesis de la acusación es que el dinero obtenido a través de la corrupción supuestamente volvió a los Kirchner a través de la simulación del alquiler de habitaciones en los hoteles del El Calafate. El Tribunal Oral Federal 8 investiga la transferencia de fondos de origen irregular que habría hecho Cristóbal López a través del pago de alquiler de departamentos.
El Tribunal Oral Federal 5 sigue trabajando sobre la ampliación de las pruebas y antes de fin de año resolvería convocar a las audiencias para el 2026. Los procesados son 24 personas encabezados por Cristina Kirchner, su hijo Máximo, Lázaro Báez, Cristóbal López, y los hijos de ambos.
Cuadernos constituye un megaproceso que involucra a la ex presidenta y a otras 74 personas entre las que aparecen Julio De Vido, Roberto Baratta, Jose López, Ricardo Jaime; los empresarios Carlos Wagner, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Valenti, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Cristóbal López, Fabián De Souza; y el chofer de Planificación, Oscar Centeno, quien anotó todos los movimientos de dinero que originaron esta investigación.
Durante la instrucción algunos empresarios y funcionarios se convirtieron en arrepentidos porque admitieron haber pagado o recibido coimas para habilitar contratos de obra pública durante el gobierno kirchnerista.
Ahora algunos de ellos intentarán evitar el juicio oral pidiendo un trámite abreviado, por medio del cual asumirían su responsabilidad para evitar exponerse en las audiencias orales y públicas, y a la vez lograr una morigeración o una pena más corta. Para lograrlo necesitarán convencer a la fiscalía de llegar a un acuerdo, y luego la homologación del Tribunal Oral Federal 7.
Por otro lado, el debate por el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner ingresará en el tramo de alegatos, que ofrecerá los elementos para que el Tribunal Oral Federal 6 alcance un veredicto.
Los acusados Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte enfrentan los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa, con una expectativa de pena de hasta 15 años de prisión.
El ex presidente Alberto Fernández buscará revertir el procesamiento que le dictó el juez Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en relación a la causa denominada Seguros.
Está acusado de firmar el decreto que permitió el pago de comisiones a intermediarios en la contratación de seguros de organismos públicos, beneficiando a un grupo de personas allegadas a él. Asimismo, fueron embargados sus bienes por 14.600 millones de pesos y se le prohibió la salida del país.
En medio de este laberinto, se cuentan los días para que el juez federal Julián Ercolini disponga la elevación a juicio de la causa por violencia de género contra el ex mandatario. Está procesado por los delitos de lesiones leves agravadas, lesiones graves y amenazas coactivas contra su ex pareja Fabiola Yáñez.
El nuevo juicio oral contra el expolicía Luis Chocobar comenzará el 27 de agosto y estará a cargo del Tribunal Oral Criminal 7. El proceso de 2021 fue anulado por la Cámara de Casación Penal argumentando que no había una mayoría clara en los fundamentos de la sentencia que lo condenó a dos años de prisión por homicidio agravado con arma de fuego en exceso en el cumplimiento de su deber.
Chocobar cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quién está convencida que su accionar fue correcto para defender a un turista extranjero que estaba siendo atacado por el delincuente abatido, Juan Pablo Kukoc.
Durante el mes de agosto está programado el juicio contra el ex ganador del gran Hermano, Marcelo Corazza, y otros cinco acusados de integrar una organización dedicada a la explotación sexual de menores y de trata de personas.
La investigación judicial demostró que la red reclutaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad, en su mayoría de Misiones, para luego abusar de ellos y prostituirlos.
A todo esto, hay dos juicios que ingresan en etapa de alegatos y obtendrán sentencia antes de fin de año: Fútbol para Todos y Skanska.
En Fútbol para Todos se investigan supuestas irregularidades en la gestión del programa que habilitaba la visualización gratuita de los partidos de los torneos organizados por la Asociación de Fútbol Argentino. El Tribunal Oral Federal 1 juzga a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, al ex presidente de la AFA Luis Segura, entre otros ex funcionarios y dirigentes.
El juicio oral por el caso Skanska está a cargo del Tribunal Oral Federal 4 y tiene en el banquillo al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, otros ex funcionarios públicos, directivos de la empresa sueca y de otras firmas que habrían emitido facturas falsas. Todos están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho.
En tanto, otro proceso que avanza es Mamá Corazón. El Tribunal Oral Federal 7 evalúa la imputación de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública contra De Vido y Andrea del Boca, entre otros.
El propósito de esta causa es determinar responsabilidades en la adjudicación presuntamente irregular de fondos públicos por más de 25 millones de pesos a la productora de Del Boca a través del convenio con una Universidad. El debate continuará los próximos meses con la declaración de los testigos.
La novedad de este año es el juicio en ausencia en la causa AMIA tras la aprobación de la Ley 27.784 que habilitó esta figura para iniciar un proceso contra los diez ciudadanos iraníes y un libanés, todos ellos prófugos de la justicia argentina.
Para la Unidad UFI AMIA se cumplen los requisitos de la nueva norma, porque fueron declarados en rebeldía y se han agotado todas las instancias para lograr su detención y extradición.
Sin embargo, resta que en las próximas semanas la Cámara Federal de Comodoro Py confirme el juicio en ausencia, tal como lo resolvió el juez de primera instancia, Daniel Rafecas.
El presidente Javier Milei tiene abierta una investigación por su posteo en redes sociales difundiendo el lanzamiento de la criptomoneda “$LIBRA”. La jueza Maria Servini delegó el caso en el fiscal Eduardo Taiano, y le concedió el pedido de análisis de la evolución patrimonial de Milei, su hermana Karina Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. También están imputados los empresarios Hayden Mark Davis y Julián Peh.
Otra medida de prueba de la que se esperan resultados es la pericia sobre el registro de operaciones vinculadas al token $LIBRA, con el fin de identificar a los beneficiarios y sus ganancias obtenidas.
Paralelamente en Estados Unidos hay una demanda colectiva de los damnificados, por lo que la justicia de Nueva York ordenó el congelamiento de millones de dólares en criptoactivos vinculados a Davis.
En otro orden, durante la feria judicial se puso en marcha el proceso de extradición del senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Cista desde el Paraguay a la Argentina.
Lo resolvió la justicia paraguaya por requerimiento de su par argentina, Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga en nuestro país por supuesto enriquecimiento ilícito a través del cobro de coimas que le habían pagado los dueños de la empresa Securitas en Entre Ríos con el objetivo de mantener su contrato en Enersa, que Kueider tuvo a cargo entre el 2016 y el 2018.
El gobierno nacional postergó por tres meses la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaba previsto para el 11 de agosto.
Según la cartera judicial, la decisión fue “consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”.
La preocupación de los funcionarios que planteaban la prórroga se basaba en el escaso tiempo y la falta de recursos para acelerar la distribución del personal, de los espacios y de herramientas que requiere el nuevo Código.
Con el cambio de sistema los fiscales se convertirán en los encargados de recibir las denuncias, investigar e impulsar la acusación hasta llegar al juicio, mientras que los jueces sólo intervendrán para garantizar derechos, habilitar medidas invasivas y ofrecer un veredicto.