La administración de Javier Milei comunicó la noticia en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, vocero presidencial.
El Gobierno nacional anunció que pondrá en marcha la privatización de AySA. (Foto: A24.com)
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes que el Gobierno nacional iniciará el proceso de privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). A través de un esquema mixto que combina licitación pública y apertura bursátil, el Ejecutivo buscará transferir el 90% del capital accionario a manos privadas, conservando el 10% restante en poder del Estado.
"El Gobierno nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente por supuesto en manos del Estado, a través de un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional", indicó.
Adorni aclaró que "en esta propuesta se incluye la permanencia de los empleados de la empresa como accionistas de AySA dentro del programa de propiedad participada actualmente vigente, el cual representa el 10% del capital social de la empresa".
"Desde su reestatización en 2006, AYSA requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional totalizando más de 13.400 millones de dólares hasta el 2023. Con todo este presupuesto la empresa funcionó como una plataforma de campaña", concluyó.
AYSA es la mayor empresa de agua potable y saneamiento del país. Desde su estatización en 2006, la compañía estuvo bajo control estatal, brindando servicio a más de 14 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
La decisión de avanzar en su privatización marca un giro estructural en la política de servicios públicos, en línea con los objetivos del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado y promover la participación del sector privado en áreas consideradas no esenciales.
El esquema diseñado por el Poder Ejecutivo contempla una combinación de dos mecanismos:
Una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico que se haga cargo de la gestión operativa de la empresa.
Una oferta pública inicial (OPI) que permitirá abrir el capital accionario en los mercados financieros para que otros inversores privados puedan adquirir acciones de AYSA.
Según explicó Adorni, este modelo apunta a garantizar transparencia, competencia y pluralidad de oferentes, al tiempo que mantiene una participación mínima del Estado, que conservará el 10% del paquete accionario como forma de fiscalización y representación institucional.
