“La SIGEN registró la ausencia de una planificación estratégica, falta de control de las inversiones y sus resultados, indebidas contrataciones de estructuras y personal, insuficientes rendiciones de cuentas; y fallas en los procesos de control y validación”, indicó el gobierno en un comunicado.
Precisó que “durante los ejercicios 2022/2023 fueron transferidos al fideicomiso $ 26.000 millones, mientras que los recursos utilizados en la finalidad objeto del Fondo solo fueron por $ 70 millones”.
Según se informó, tras la disolución del fondo de manejo del fuego, el Ministerio de Seguridad recaudará dichos fondos que contribuirán al funcionamiento del Sistema Federal de Manejo del Fuego y dispondrá las acciones a financiarse, que se regirán por la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del Sector Público Nacional.
Por otra parte, en cuando al “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR) que había sido creado en 2014 para facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, se lo modificó como “Fondo Nacional de Desarrollo Productivo” (FONDEP).
En este caso, la SIGEN observó la que “los fondos disponibles fueron destinados a inversiones temporarias, además de demoras e incobrabilidad en el recupero de los préstamos otorgados, irregularidades en el registro de inversiones que traducen faltas graves en la aplicación de fondos y una gestión ineficaz”.
El decreto forma parque del paquete de 100 medidas anunciadas el lunes por el vocero Manuel Adorni, entre las cuales fueron disueltas la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEE, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARÍCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros.