La Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a un planteo del fiscal Guillermo Marijuan. Se los investiga por presuntas presiones a Daniel Vila para liberar el espectro radioeléctrico adjudicado a Arlink.
El exministro Oscar Aguad y de Miguel de Godoy, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La Sala II de la Cámara Federal porteña decidió reabrir la investigación contra Oscar Aguad y otros siete exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa por presuntas presiones e intimidaciones al empresario Daniel Vila, entonces presidente de Supercanal S.A. y Arlink S.A.
El tribunal dio marcha atrás con los sobreseimientos dispuestos previamente por el juez Daniel Rafecas y ordenó que se continúe con la investigación hasta contar con pruebas suficientes que permitan determinar si hubo delitos cometidos durante los años 2016 y 2017.
La resolución judicial fue firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes aceptaron el recurso presentado por el fiscal federal Guillermo Marijuan. La medida también fue respaldada en segunda instancia por el fiscal José Luis Agüero Iturbe.
Además de Oscar Aguad, la decisión afecta a Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de la Nación; Francisco Canese Méndez, ex asesor del ENACOM; la ex funcionaria Justina Ponferrada; Miguel De Godoy, expresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); Jorge Luis Camps; Juan Manuel Mocoroa, exdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, y el abogado Juan Manuel Cañada.
Todos ellos habían sido sobreseídos por falta de pruebas en una resolución que ahora fue anulada por la Cámara Federal.
La causa judicial se originó a partir de una denuncia del propio Daniel Vila, empresario del Grupo América y titular de Arlink S.A., una empresa que había obtenido espectro radioeléctrico para brindar servicios de telecomunicaciones 4G.
Según su testimonio, funcionarios del Poder Ejecutivo lo presionaron para que desistiera de una medida cautelar en la Cámara Federal de Mendoza, relacionada con el espectro adjudicado a Arlink. Vila sostuvo que la intención oficial era liberar ese espectro para favorecer a otra empresa, y que al negarse a hacerlo, sufrió represalias judiciales y administrativas.
El empresario declaró que Mauricio Macri le pidió directamente el desistimiento, con la promesa de ayudarlo a vender sus compañías. Al rechazar la propuesta, aseguró que comenzaron acciones estatales que consideró presiones ilegítimas.
En su momento, Oscar Aguad y otros funcionarios involucrados rechazaron las acusaciones. Adujeron que las medidas adoptadas por el Estado respondían a incumplimientos contractuales de Arlink y que las acciones estuvieron dentro de los marcos administrativos correspondientes.
Según esa versión, no existió una maniobra de persecución ni presiones indebidas, sino la ejecución de actos administrativos válidos para recuperar un bien del Estado en caso de incumplimientos.
Durante la instrucción de la causa se realizaron varias diligencias: revisión del expediente de la licitación del espectro radioeléctrico; verificación de visitas de Daniel Vila a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos; análisis de comunicaciones entre Vila y los exfuncionarios; declaraciones de imputados y testigos; e informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre la asignación del espectro.
Con esos elementos, el juez Rafecas había determinado que no había elementos penales suficientes y que el conflicto correspondía a la órbita administrativa y política, no al fuero penal.
En el fallo del 17 de julio, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa interpretación. Los jueces consideraron que las pruebas reunidas hasta ahora respaldan la existencia de reuniones y comunicaciones entre los involucrados, pero que no se ha avanzado lo suficiente para determinar si esos hechos constituyen un delito penal.
“Las medidas realizadas hasta aquí parecen respaldar los datos objetivos aportados […] Sin embargo, poco se avanzó para conocer si esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal”, expresaron los camaristas. Por ello, resolvieron revocar los sobreseimientos y ordenar que la investigación continúe.
Los magistrados dispusieron que la situación procesal de los imputados quede encuadrada en el artículo 309 del Código Procesal Penal, es decir, en “falta de mérito”: no hay pruebas suficientes ni para procesar ni para desvincular definitivamente.
Además, ordenaron: la recepción de testimoniales clave, como las de David Martínez (socio de Vila) y Arturo Elías Ayub (ejecutivo vinculado a América Móvil); la realización de todas las medidas probatorias necesarias para avanzar en la causa; y que el juez actúe con celeridad, dada la complejidad del caso
El juez Eduardo Farah, en su voto particular, acompañó la decisión señalando que el objetivo es “esclarecer en forma definitiva lo sucedido”.
La reapertura de la investigación implica que los ocho imputados seguirán bajo la lupa judicial hasta que se reúnan los elementos necesarios para determinar si existieron delitos como coacción, abuso de autoridad o tráfico de influencias.
